Incluso en el caso de que la hipoteca ya haya sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses, señalan desde Asufin que, puntualizan, si el consumidor no reclama, no recuperará nada.De media, la cantidad a devolver por las entidades estaría en unos 1.500 euros. Con anterioridad a la Ley Hipotecaria de junio de 2019, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos (de notaría, gestoría, registro y tasación), a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Las directrices de Europa fueron asumidas por el Tribunal Supremo en varias sentencias: en julio de 2020 estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100 % de los de registro y la comisión de apertura; en octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría, y finalmente, en enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.
A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos relacionados con la notaría y el registro con el argumento de que el plazo para hacerlo ya había expirado, si habían transcurrido 5 años, como establece el Código Civil.
Eso haría que el plazo para reclamar por estos gastos venciera el 14 de abril de 2024, cuando se cumplan los 5 años de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Supremo, teniendo en cuenta la congelación de plazos procesales que se aplicó durante la pandemia.
No obstante, a finales de enero el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, lo que abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril.
Desde Asufin recuerdan que la asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar. En caso de que la hipoteca tuviera una comisión de apertura, también se podría reclamar. Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida, lo que implica que los tribunales deben valorar si el consumidor pudo evaluar las consecuencias de pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo, señalan desde la OCU. Y a los anteriores se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única. En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.
Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24% más que un año antes. De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7% más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1% y un 15,8% más, respectivamente.
Sabadell recibió 54.884 reclamaciones en 2023, un 31% más, y Bankinter, 26.762, un 25,6% más.
