Los ‘populares’ también intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC): su presidente, Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno Sánchez, el exministro Campo y la ex directora general de Díez.
La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnarla desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 10 de junio.
El PP interpondrá su recurso de inconstitucionalidad a la vuelta de las vacaciones de verano, según anunció su secretaria general, Gamarra, a Europa Press en una entrevista. A su juicio, la Ley de Amnistía es una «mala ley» con efectos irrevocables porque ya no se podrá procesar a los que han sido amnistiados y se salta la igualdad de todos los españoles. La dirigente avanzó además que recusarán a los magistrados Conde-Pumpido, Campo y Díez, ya que «no dan garantías –considera el PP– de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud».
Si estos tres magistrados fueran apartados, la mayoría en el tribunal de garantías se daría la vuelta ya que de siete a cinco a favor de los progresistas se pasaría a cinco a cuatro con victoria de los conservadores.
La recusación de magistrados ha sido utilizada en anteriores ocasiones por el PP. Así, en el recurso contra la Ley de Aborto de 2010, que se resolvió el pasado año, el PP quiso apartar a Conde Pumpido, al exministro Campo y a otros dos magistrados por cercanía con el Gobierno, pero el TC lo rechazo.
Uno de los firmantes de aquel recurso era el exministro Trillo, que pidió amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, en una reciente resolución, avaló la decisión del TC alegando que no podía recurrir en nombre de todos los recurrentes y que en ningún momento había planteado que la ley de aborto afectara a sus derechos y libertades.
En esta legislatura, desde el Congreso solo el PP puede recurrir esa ley ante el Constitucional, dado que Vox quedó tras las últimas elecciones generales por debajo del mínimo de diputados que se exige –50– para poder hacerlo y solo podría participar de esos recursos en los parlamentos autonómicos donde sume mayoría con los ‘populares’.
A las comunidades administradas por el PP se unirá Castilla-La Mancha, que preside García-Page, muy crítico con el perdón al ‘procés’ y las cesiones de su partido, el PSOE, a los partidos independentistas. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó interponer un recurso tras estudiar el dictamen encargado a su Consejo Consultivo, cuyas conclusiones son «contundentes» respecto a la inconstitucionalidad de la norma, que –a su juicio– vulnera el principio de igualdad. Además, planteaba que la aprobación de la amnistía habría requerido de una reforma constitucional.
