La nueva norma obligará a las compañías que comercialicen productos financieros a habilitar en sus páginas web de forma accesible y destacada la posibilidad de que el consumidor pueda desistir del contrato. Por otro lado, los usuarios tendrán un plazo de 14 días para desistir del contrato desde la celebración del mismo o desde la recepción de la información requerida (la fecha que sea posterior). No obstante, si éste no recibe las condiciones contractuales y la información requerida, el plazo de desistimiento expirará doce meses y catorce días después de la celebración del contrato a distancia. Y si no es informado de su derecho a desistimiento, el plazo no expirará.
Además, los comerciantes estarán obligados a dar al consumidor explicaciones adecuadas sobre los contratos de servicios financieros propuestos para que puedan evaluar si se ajustan a sus necesidades. Dichas explicaciones se proporcionarán de forma gratuita y antes de la celebración del contrato y el consumidor tendrá derecho a solicitar y obtener intervención humana en la fase precontractual y, en casos justificados, después de la celebración del contrato a distancia, y en la misma lengua en la que reciben toda la información.
Finalmente, los bancos y entidades que celebren contratos de servicios financieros a distancia, no deberán diseñar, organizar ni gestionar sus interfaces en línea «de manera que induzcan a error o manipulen a los consumidores destinatarios de sus servicios o de otro modo distorsionen o mermen de manera sustancial su capacidad de tomar decisiones libres e informadas».
Como ejemplo de las prácticas que no podrán llevar a cabo a través de sus portales web, el documento sometido a consulta de trabajo destaca que no podrán dar mayor relevancia a determinadas opciones cuando soliciten a los consumidores destinatarios de su servicio que tomen una decisión; ni solicitar reiteradamente que los consumidores destinatarios de su servicio elijan una opción cuando ya hayan hecho esa elección, especialmente mediante la presentación de ventanas emergentes que interfieran en la experiencia del usuario. Tampoco podrán hacer que el procedimiento para poner fin a un servicio sea más difícil que suscribirse a él
