La subida del 54% en el salario mínima profesional (SMI) registrada desde 2018 se ha visto acompasada por una intensa creación de empleo, que venía dada por el rebote frente a la crisis de la pandemia y los efectos de la reforma laboral aprobada en 2021. Si bien estos incrementos han dejado de lado el factor de la productividad sin que esto se haya traducido en una merma del nivel del empleo, la mesa de expertos concentrados este jueves por Fedea y el Consejo General de Economistas ha alertado de sus efectos a futuro, en un contexto internacional que apunta a la contracción económica y una vez alcanzado el umbral del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea (CES), tal y como defiende el Ministerio de Trabajo.
«El SMI como política pública debería mejorar los niveles de crecimiento de empleo y para contribuir a ello, es necesario el máximo nivel de acuerdo en el diálogo social y mirar la productividad, como fija el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores» ha apuntado el ex secretario de Estado de Empleo, socio responsable de EY Insights y socio de People Advisory Services EY España, Riesgo. Sin embargo, en los últimos años el incremento de la renta mínima solo ha contado una vez con el apoyo de los empresarios, mientras el factor de la productividad ha pasado a un segundo plano, ya que tanto el ministerio de Yolanda Díaz como los sindicatos se han guiado por un elemento de equidad social, en su opinión.
El grupo de expertos ha recordado que este periodo ha estado protagonizado por el estancamiento de la productividad y el 2023, en concreto, por la caída del 0,75% de este indicador y han advertido de los riesgos de continuar con este proceder en términos de destrucción de empleo. El profesor titular Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y director técnico del Informe de Competitividad Regional del CGE, Sánchez de la Vega, ha recalcado el impacto potencial que ello tendría en las comunidades autónomas menos productivas -Extremadura, Murcia, Canarias y Andalucía- en las que el salario medio es inferior al nacional en términos generales, lo que implica un mayor esfuerzo por parte de sus empresas para asumir el incremento del coste salarial.
Los economistas también han subrayado que el incremento de costes laborales se ha situado en el entorno del 6% en el pasado año, impulsado no solo por el incremento del SMI, sino por las subidas generalizadas de salarios para hacer frente a la inflación y el alza de las cotizaciones integrada en la última reforma de pensiones impulsada por el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá. La nueva norma se centró en cargar a los salarios más altos con la cuota de solidaridad y con el aumento de las bases máximas de cotización, pero también aplicó a todos los niveles salariales el Mecanismo de Equidad Generacional (MEI) que supone el 0,7% de la nómina en 2024.
«Los salarios y la productividad tienen que ir a la par en términos de empleo» ha defendido el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea, Javier Ferri. El economista ha defendido que debe ser este indicador el que guíe la evolución de los salarios y no al contrario, porque seguir la lógica contraria «va a terminar dañando el empleo». En 2023 los incrementos salariales han sido especialmente pronunciados a partir del acuerdo cerrado entre la patronal y los sindicatos (AENC) en el que establecían el 4% como referencia mínima que ha impulsado la actualización de salarios a nivel general, tras un 2022 en el que la inflación alcanzó el doble dígito de crecimiento como consecuencia de la guerra de Ucrania y en un periodo en el que los precios de los alimentos mantuvieron su presión.
En la comparativa internacional, España solo destaca en términos positivos respecto al resto de Europa en el número de horas trabajadas por empleado, por lo que los economistas también han expresado su escepticismo sobre el efecto que pueda tener la reducción de jornada laboral que busca el Ministerio de Trabajo para potenciar la productividad nacional. No obstante, el grupo tampoco considera que la solución sea cambiar de modelo productivo y enfocar el país hacia la industria, sino potenciar el talento, la formación de los asalariados y la capacidad de dirección en las empresas, puesto que han detectado que el problema de productividad está en las compañías con menos de 50 trabajadores.
