El porcentaje es tan reducido, de acuerdo con esas mismas fuentes, debido a los «duros requisitos» a los que Trabajo ha sometido a los ERTEs de fuerza mayor. La opción alternativa, abierta para los trabajadores por cuenta propia, de acogerse a la ayuda por cese de actividad tampoco convence a los afectados. Hasta el punto de que el porcentaje de autónomos que la ha tramitado es también inferior al 11% de los propietarios de negocios arrasados por las riadas.
Entre las principales preocupaciones, y uno de los motivos clave por los que las empresas no solicitan los ERTE, radica en la imposibilidad de despedir a los trabajadores si hay que hacer reajustes cuando se vuelva a trabajar con normalidad. Esta situación se debe a la especial protección con la que cuenta la medida que pone a disposición de las empresas el Ministerio de Trabajo.
En concreto, una de las condiciones de los ERTE por fuerza mayor es la prohibición de despedir a los trabajadores por causa de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y de producción, derivadas de la situación extraordinaria que se viva en ese momento, como ya pasó año atrás con el Covid-19. En caso de incumplir uno de los requisitos para ser beneficiario de ERTE, las empresas deberán devolver la ayuda recibida y el despido se calificará como nulo.
Situación similar ocurre con la prestación por cese de actividad que solicitan los autónomos, que solo ha sido reclamada por 3.411 trabajadores por cuenta propia, cuyo principal motivo para no hacerlo han sido las trabas con las que se encuentran los autónomos si logran ser beneficiarios y que pueden ser suspendidos de la ayuda si no comparecen ante el SEPE para realizar actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que te convoque, o por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena en un período inferior a 12 meses, entre otros motivos que establece Trabajo.
Las líneas de avales ICO fueron otras de las medidas que el Gobierno puso a disposición días más tarde de la catástrofe natural y que tan solo ha sido solicitada por 2.673 personas, ya que la incertidumbre sobre cuándo los negocios podrán volver a operar con normalidad impide a los empresarios saber si podrán cumplir con los plazos impuestos para devolver la cantidad prestada, que ronda los 5.000 euros.
Los requisitos que se imponen a la hora de solicitar y ser beneficiario de las ayudas que pone a disposición el Gobierno en situaciones excepcionales, hace que los empresarios y trabajadores autónomos opten por el rechazo de dichas medidas, ya que la incertidumbre y complicaciones que podrían sufrir a nivel financiero, podrían complicar aún más las situaciones en los negocios.
