En el texto, los fiscales Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno Manuel Moix, Consuelo Madrigal y María José Segarra –estas dos últimas, además, como ex fiscales generales del Estado– se lamentan de cómo «la imagen del Ministerio Fiscal que el Fiscal General del Estado representa y la Institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable».
«Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales», han afeado los veteranos fiscales del Alto Tribunal.
Su comparecencia para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho
No en vano, «desde la última Junta de Fiscales de Sala» en la que García Ortiz les comunicó su decisión de continuar en el desempeño del cargo, «se han producido hitos en la causa que se sigue» contra él en el Supremo que «hacen imprescindible –por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran– su renuncia a dicho cargo».
«Es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la Institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación», han instado los trece firmantes del documento. Y es que, a medida que avanza la «instrucción de la causa» que se sigue contra García Ortiz en el Supremo, se han venido conociendo detalles «ampliamente difundidos en los medios» que «superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal». «La permanencia de V.E. en el cargo de Fiscal General del Estado difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera», han denunciado.
Un «panorama» que, por extensión, «se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la Fiscal actuante en la causa», la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, número dos del escalafón y, por lo tanto, subordinada directa del propio García Ortiz. Para los trece fiscales firmantes de la carta remitida, una situación que es «contraria a la lógica procesal más elemental».
«La comparecencia del Fiscal General del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor [Ángel Hurtado] es impropia de un Estado Democrático de Derecho. Puede hacerlo como investigado Don Álvaro García Ortiz; nunca el Fiscal General del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los Tribunales», han reprochado.
«En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de V.E. al cargo que ostenta para preservar a la Institución –añade–. Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la Institución a la que se debe».
Por todo lo anterior, conscientes del daño que está sufriendo la Institución y con el ánimo de «preservarla», aunque maltrecha, los trece fiscales del Supremo, entre ellos, dos ex fiscales generales del Estado, se han dirigido a Álvaro García Ortiz, para exigir que «renuncie» a su cargo de manera inmediata.
