Mientras se arroja luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, se mantienen bajo llave otros documentos y datos que afectan directamente a la gestión actual, especialmente aquellos que podrían poner en entredicho la actuación del Ejecutivo y su líder. Esta selectividad en la apertura informativa parece responder más a intereses políticos que a una voluntad genuina de rendir cuentas ante la ciudadanía.
La gestión de Sánchez evidencia notables lagunas en transparencia, especialmente en ámbitos donde la opacidad se convierte en norma. Desde las relaciones diplomáticas hasta la respuesta ante crisis como el apagón eléctrico, las críticas convergen en una narrativa que acusa a Moncloa de reservar información clave. Los episodios relacionados con los viajes oficiales en aviones Falcon y Airbus presidenciales son paradigmáticos: el Gobierno se ha negado sistemáticamente a facilitar datos públicos sobre destinos, gastos y pasajeros, incluso tras requerimientos del Consejo de Transparencia. Esta actitud alimenta la sospecha de que la transparencia solo se aplica cuando conviene, mientras se evita en asuntos que podrían perjudicar la imagen del Ejecutivo.
El Caso Pegasus, la intrusión en móviles oficiales, y la gestión de las relaciones con Marruecos tras el espionaje, siguen envueltos en un manto de silencio. La carta de Sánchez al rey Mohamed VI apoyando el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental se realizó sin transparencia ni debate público, generando suspicacias sobre posibles acuerdos ocultos o compensaciones diplomáticas. Del mismo modo, la desaparición de estructuras como OCON-Sur, vitales en la lucha contra el narcotráfico, se comunicó de forma opaca, sin una explicación clara sobre los motivos ni el impacto operativo.
El apagón eléctrico, que generó alarma sobre la estabilidad del sistema, evidenció una gestión comunicativa insuficiente. La ausencia de datos técnicos inmediatos, mensajes contradictorios y la falta de un informe público detallado en tiempo real abrieron la puerta a especulaciones. La oposición reclamó transparencia total y publicación de informes preliminares, pero el Gobierno optó por la prudencia institucional, escudándose en evitar hipótesis sin confirmar. Esta postura refuerza el dilema entre la cautela y el derecho a la información, dejando aún hoy sin respuesta quién fue el responsable del apagón.
El accidente ferroviario de Adamuz se suma a la lista de episodios donde la falta de claridad y retrasos en la comunicación han erosionado la confianza ciudadana. El Gobierno insiste en que la investigación está judicializada, pero la oposición denuncia que esta apelación se convierte en una barrera informativa. Las dudas sobre el estado previo de la infraestructura y la existencia de auditorías públicas permanecen sin respuesta, alimentando la sensación de que la transparencia solo se invoca cuando no afecta directamente a Moncloa.
En definitiva, la desclasificación selectiva de documentos por parte de Sánchez es percibida como un ejercicio de control narrativo más que como una apuesta por la transparencia. Mientras se abren archivos históricos, se cierran puertas a la información sobre cuestiones actuales que afectan a la gestión y credibilidad del Gobierno. El derecho ciudadano a la información queda relegado frente a la prudencia institucional y el cálculo político, perpetuando un clima de desconfianza y opacidad que exige una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la transparencia en democracia.
