La Unión Europea alcanzó el pasado otoño un acuerdo para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en el mercado comunitario sean «cero emisiones», lo que en la práctica supondría el veto a los vehículos de combustión.
Sin embargo, la adopción definitiva de la norma, tras recibir el visto bueno de los países de la UE a nivel de embajadores –con las únicas reservas de Polonia y Bulgaria– y del pleno del Parlamento Europeo está aún pendiente del último paso formal, la luz verde de los ministros.
La presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Suecia, preveía incluir el asunto como punto para adopción sin discusión en un consejo de ministros ordinario, el próximo martes en Bruselas, pero la propia presidencia ha indicado que la decisión «queda pospuesta a una reunión posterior», sin apuntar una nueva fecha posible para retomar la cuestión.
El retraso, responde al temor de que la nueva norma decayera en la votación a nivel de ministros si las dudas expresadas en los últimos días en público por los gobiernos alemán e italiano se tradujeran en votos en contra. Los votos en contra de Berlín y Roma, sumados al ya sabido rechazo de Polonia y la abstención de Bulgaria, serían ya suficientes para tumbar la norma. Ya a principios de semana, el ministro alemán de Transportes, el liberal Volker Wissing, pidió como condición que la Comisión Europea presente una propuesta que acompañara la nueva norma para que los vehículos que funcionen con combustibles sintéticos (‘e-fuels’) puedan seguir comercializándose más allá de 2035 en la UE. Esta posición, no obstante, choca con la posición de los ‘verdes’ en el Gobierno de coalición alemán, como la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, que defiende respaldar el veto acordado a nivel europeo.
En este contexto, la Comisión Europea observa con cautela la situación inédita y pide tiempo para «estudiar con cautela» las reservas expresadas en el último momento por las delegaciones antes de tomar posición y responder a si contempla plantear alternativas en la línea que reclama Berlín. «Examinamos las nuevas preocupaciones que han sido expresadas para ver cuál es el mejor modo de abordarlas», ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz del Ejecutivo comunitario Spinant, sin querer dar más detalles sobre la respuesta que sopesan los servicios comunitarios.
La portavoz, asimismo, ha apuntado el compromiso de Bruselas para que se pongan en marcha todas las normas que son acordadas entre los Veintisiete y la Eurocámara y ha recordado que esta legislación en concreto cuenta con una «cláusula de revisión» para evaluar el ritmo de consecución de los objetivos y posibles ajustes si hay avances tecnológicos que lo permitan.
