En concreto este colectivo ha convocado para la semana que viene un paro nacional de 10 minutos frente a todas las sedes judiciales que, de no retirarse la reforma en marcha, podría ser el primer paso antes de plantear otros de mayor calado como recursos judiciales y medidas de conflicto colectivo.
Se trata de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, a juicio de la presidenta autonómica, «supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas».
El Ejecutivo madrileño realizó el pasado mes de abril un requerimiento previo al Gobierno central instándole a «cumplir con sus obligaciones legales» respecto a esa ley, que, según ha informado este miércoles el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, no ha sido atendido y, por tanto, desde la Puerta del Sol han cumplido su amenaza y presentaron ayer el citado recurso.
Además, según ha confirmado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, el Alto Tribunal ya ha solicitado la formulación de la demanda tras admitir a trámite el recurso en el que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que evalúe el coste de la aplicación de esa ley y que articule los correspondientes mecanismos para su financiación. «El Estado está obligado a financiar aquellas medidas que pone en marcha y que suponen un coste para las comunidades autónomas», ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha criticado que la conocida como ley Bolaños «cambiar de arriba a abajo la organización de la Justicia en España». «Es una muy mala ley que se ha hecho sin contar con las comunidades y sin el Poder Judicial y que encarece el acceso de los ciudadanos a la Justicia».
