Un total de de 83.232 millones de euros que pasarán a engrosar la deuda pública nacional. Se hace oficial así el acuerdo al que llegaron el PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa y que los nacionalistas han convertido en una de las condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La vicepresidenta Montero, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los más de 83.000 millones de quita pertenecen a todas las autonomías, incluso las que no mantienen ninguna deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que es el caso de la Comunidad de Madrid. El Estado asume este montante por «la buena marcha de la economía española y la situación financiera del Gobierno que ha permitido la consolidación fiscal y la bajada del ratio de deuda», ha manifestado. Ha añadido que todos los recursos liberados, incluso los intereses (calculados entre 6.600 y 7.700 millones), podrán ir a gasto social para que los gobiernos «mejoren los servicios públicos que gestionan en sus territorios».
La medida beneficia a todos los territorios de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda del FLA, al permitirles reducir su pasivo y ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados La condonación supondrá para las comunidades un ahorro de unos 6.700 millones de euros en intereses que podrán destinar al Estado del Bienestar El objetivo es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces La medida es coherente con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno progresista desde 2018 y que ha supuesto recursos récord para todos los territorios La metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades La ministra Montero, ha recordado que esta medida inédita y excepcional “ni frena ni sustituye” la reforma del sistema de financiación
La metodología de la condonación, cuyo proyecto de ley se pretende que esté aprobado antes de que finalice este año, es compleja. Pero contiene una variable muy clara: habrá más condonación a aquellas comunidades autónomas que hayan subido su parte del IRPF entre 2010 y 2023. Montero ha afirmado que «sería una incongruencia beneficiar a quien asume más riesgo político». Se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media, según informó en febrero el departamento de Montero en febrero, cuando la condonación se llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, en la rueda de prensa de este martes la ministra ha dicho todo «depende de las proyecciones que se hagan».
En el ránking de autonomías, la más beneficiada será con Andalucía, a la que se le quitan 18.791millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones y Comunidad Valenciana, con 11.210 millones. Para determinar la cantidad a perdonar, en una primera fase se determina la cantidad que se dejó de ingresar en el periodo 2010-2023. Los 80.310 millones que resultan en esta primera etapa (el 75% repartido por población ajustada) se va completando con otro tipo de fondos. Se condona el 19,5% a las que deban ese porcentaje de su PIB. En la segunda fase, a las que no llegan a ese porcentaje, se les hace llegar. Y en una tercera fase se aplican dos ajustes: identificar a las regiones que registran mayor condonación por habitante (en este caso la Comunidad Valenciana, con 2.884 euros), elevar a 2.884 euros a las que más baja tienen esa deuda. Y, por último, añadir la variable del IRPF.
En definitiva un método farragoso del que se extrae la conclusión de que se premia a las regiones más endeudadas y que más han recurrido al FLA, mecanismo puesto en marcha en 2012 para ayudar a las comunidades a superar sus dificultades financieras. La primera fase del proceso es clave al calcular los ingresos que se dejaron de obtener.
Por otra parte, Montero se ha referido a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. «Me voy a dejar la piel para que vean la luz» y ha dejado claro que en la reunión entre el líder de Junts, Puigdemont, y Salvador Illa, va en «la línea de seguir ganando confianza mutua pero cuando se habla de Presupuestos del Estado será con Hacienda»
