En concreto, Moody’s estima que, sin medidas adicionales a las ya adoptadas, el déficit del sistema de la Seguridad Social se incrementará hasta el 1,4% para 2030 y hasta el 3,2% para 2040, frente al 0,5% de 2022. Además, prevé que este saldo negativo no empiece a reducirse hasta el final de la década de 2040, cuando alcanzará un máximo del 4% del PIB, superando incluso el déficit esperado para todos los niveles de la Administración en 2024, del 3,2%.
Moody’s avisa en un informe sobre el sistema de pensiones en España de que los cambios políticos tras las reformas de 2011-2013 «intensifican el impacto fiscal» sobre la Seguridad Social.
Así, la agencia señala que las últimas reformas de pensiones introducidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que incluyen medidas para aumentar los ingresos e incentivos para el retraso de la jubilación, «se verán eclipsadas» por el aumento previsto del gasto en pensiones debido tanto al envejecimiento como a la decisión del Ejecutivo de vincular las pensiones a la inflación. De este modo, en el supuesto de que no se produzca ningún cambio de política, Moody’s estima que los gastos de la Seguridad Social, incluidos los gastos en pensiones y no relacionados con las pensiones, aumentarán hasta alrededor del 15% del PIB a finales de esta década y hasta el 16,8% en 2040, desde el 13,5% en 2022.
Por su parte, los ingresos de la Seguridad Social aumentarán hasta alrededor del 13,7% del PIB a finales de esta década, frente al 13,1% en 2022, antes de volver a caer hasta el 13% cuando expiren las medidas temporales adoptadas por el Gobierno, según los cálculos de Moody’s.
Estas proyecciones asumen que las transferencias de la Administración Central se incrementarán en línea con la inflación desde el 2,7% del PIB recibido en 2022. «Los ingresos podrían ser inferiores, sin embargo, si las nuevas medidas tienen efectos económicos indeseables. Algunas estimaciones apuntan a que las nuevas medidas provocarán una pérdida de empleo permanente de más de 100.000 puestos de trabajo. Esto es especialmente relevante para un país como España, donde la tasa de desempleo sigue rondando el 12% a pesar de las mejoras de la última década», subraya Moody’s.
La agencia avisa en su informe de que, si no se toman medidas, las pensiones ejercerán una presión crediticia a finales de esta década. «En estudios anteriores hemos subrayado que el empeoramiento de los desequilibrios fiscales a causa de medidas de aumento del déficit ejercería una presión negativa sobre la calificación (…) La aplicación de nuevas medidas de ahorro para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones sería positiva desde el punto de vista crediticio», afirma la agencia.
Según Moody’s, las medidas para fomentar los ingresos son una opción, pero tienen limitaciones y contrapartidas, y las medidas de ahorro «pueden ser eficaces y es probable que se apliquen dada la magnitud del déficit previsto» para el sistema de la Seguridad Social.
De acuerdo con sus cálculos, todas las medidas de ingresos contempladas en las reformas de 2021-2023 ascenderán a alrededor del 1% del PIB en su punto máximo.
A su juicio, las reformas estructurales que impulsen el potencial de crecimiento de la economía española o la tasa de empleo «tendrían probablemente un gran impacto» en el déficit, aunque tardarán en materializarse. Por ejemplo, Moody’s apunta que las reformas estructurales que aumenten el PIB real potencial hasta el 2% en 2023-2060 ahorrarían 0,5 puntos del déficit de la Seguridad Social en 2030; 1,4 puntos en 2040 y 2,3 puntos en 2050. «Ello dejaría el déficit de la Seguridad Social en torno al 2% en la década de 2040, que podría reducirse a niveles más modestos con otras medidas. Sin embargo, estas medidas tardarán en materializarse, un periodo durante el cual aumentarán los déficit»,.
Moody’s señala en su informe que la población española está envejeciendo «a uno de los ritmos más rápidos de Europa». El número de pensionistas aumentará significativamente en las próximas décadas, superando los 12 millones en 2040 y alcanzando un máximo de 14 millones en la década de 2050, frente a los 9 millones de 2022. Dado que la población en edad de trabajar no se corresponderá con este tipo de crecimiento, España tendrá uno de los mayores índices de dependencia de la tercera edad de la Unión Europea en 2050, con un número de personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años que se reducirá de 3,1 a 1,5, según el informe sobre envejecimiento 2021 de la Comisión Europea. «Es poco probable que la población española en edad de trabajar, que en última instancia financiará el gasto relacionado con las pensiones, siga el ritmo de este tipo de crecimiento, ni siquiera si se mantienen las elevadas tasas actuales de migración neta», apunta Moody’s.
De hecho, el informe sobre el envejecimiento de la población de 2021 de la Comisión Europea prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad de España se duplicará, hasta alcanzar el 65% en 2050, lo que supera la media de la UE del 57%. Sólo Portugal, Grecia e Italia tendrán ratios superiores en ese momento.
