En ella se urge a los Estados miembros a que al menos el 40% de los puestos de consejeros no ejecutivos del consejo de administración sean ocupados por personas del sexo menos representado antes del 30 de junio 2026. Un porcentaje que, el Gobierno aspira a aplicar dos años antes para las firmas cotizadas y que implicaría incluir en la modificación de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley de los Mercados de Valores.
La directiva comunitaria también obliga a que al menos el 33% de los puestos de consejeros (ejecutivos y no ejecutivos) sean ocupados por mujeres e insta a que aquellas cotizadas incumplidoras ajusten sus procesos de selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de consejero. Según el texto comunitario, dichos candidatos serán seleccionados sobre la base de una apreciación comparativa de la capacitación de cada candidato. Asimismo, se deberá exigir a las sociedades cotizadas que apliquen criterios claros, de forma neutral y sin ambigüedad, de forma no discriminatoria, que deberán ser establecidos con carácter previo al proceso de selección.
El primer impulso para aumentar el papel de las mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas llegó en 2015 cuando la CNMV, bajo la presidencia de Elvira Rodríguez, puso en marcha el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que impulsaba a las empresas a alcanzaran un objetivo del 15% de consejeras en 2020 dada el insuficiente papel de las mujeres en los consejos de administración, pero siempre bajo el criterio de cumplir o explicar por qué no se cumple.
En 2020 el vigilante del mercado español fue un paso más allá y elevó hasta el 40% el peso recomendado de las mujeres en los consejos de administración al mismo tiempo que fijaba un plazo de dos años para lograrlo. A cierre de 2022 las empresas del Ibex han mejorado la presencia de las mujeres en los consejos hasta alcanzar una media del 37,5%, muy por encima del 12% que se registraba en 2012, pero aún queda camino por avanzar.
La normativa europea también apunta que es conveniente que las empresas públicas que se vean afectadas sirvan de modelo para el sector privado. En esa línea, la norma que será aprobada este martes tiene como objetivo que haya al menos un 40% de mujeres en la dirección de cualquier sociedad cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual.
En lo que se refiere a la actividad política, la norma incluye listas cremalleras con una alternancia total, ya que ahora no es así puesto que el 44% de los escaños del Congreso o el 39% del Senado están ocupados por mujeres, según cifras recopiladas por el PSOE. Al mismo tiempo, tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de un 40% de mujeres al frente, el mismo porcentaje que deberán tener los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.
