El motivo es el informe de la Policía Nacional que, por orden de la magistrada, no pasó por la Dirección General de la Policía ni por el Ministerio del Interior y que contradice la versión oficial. De hecho, Sánchez reconoció ayer por primera vez que la gendarmería marroquí «permitió el cruce de la frontera» el 30 de julio, tal y como sostiene el documento policial.
Aún está pendiente otro informe encargado por Tardón a la Jefatura de Información de la Guardia Civil para determinar si el Gobierno fue advertido y desoyó las alertas. Por ello, Sánchez se mostró prudente y anunció la publicación de un dosier con los informes de situación manejados por el Ejecutivo en aquellos días. Sin embargo, la clave del caso reside en la evolución de la investigación en la Audiencia Nacional.
Ante una vía judicial cada vez más compleja y con posible recorrido hasta el Tribunal Supremo, el Gobierno ha optado por intervenir. Núñez Feijóo anunció que el PP se personará como acusación popular, sumándose a Iustitia Europa y Hazte Oír. Además, el Gobierno de Ceuta acordó personarse como acusación particular para defender los intereses de los afectados, según explicó su presidente, Vivas.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado asumió el control del procedimiento. Peramato activó el artículo 25 del Estatuto Fiscal para que el caso pasara al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Alonso, sustituyendo a Perals, quien se había mostrado favorable a investigar posibles delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación recogidos en la querella inicial.
Paralelamente, Grande-Marlaska remitió una queja a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo contra la jueza Tardón por ordenar a los agentes que no compartieran con sus superiores la información recabada como policía judicial. Alegó razones de seguridad nacional, pero Isabel Perelló rechazó la iniciativa y recordó que la magistrada actuaba en el ejercicio de sus funciones constitucionales, reclamando respeto a su labor.
Sánchez también cuestionó públicamente que el CENIF no transmitiera el informe del 29 de julio a la cadena de mando policial ni al Ministerio del Interior, insistiendo en que esa circunstancia debe aclararse. Mientras tanto, el Ejecutivo estaría impulsando una estrategia de desgaste contra la Policía Nacional y la jueza, presentándose como víctima de actuaciones policiales y judiciales. Pese a ello, el presidente cerró su intervención en el Congreso defendiendo que se deje trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y prometiendo «absoluta transparencia».
Pero detrás de todos esos extraños movimientos esta el temor de Sanchez de que de prosperar la acción judicial en curso, las consecuencias para el Ejecutivo podrían trasladarse, más allá de lo meramente político, a una responsabilidad penal en la que la primera incógnita a despejar pasa por confirmar si la competencia corresponde a un juzgado de Ceuta, a la Audiencia Nacional o, incluso, al Supremo, en el caso de plantearse un conflicto de competencias o que lo que ahora son meras sospechas se traduzcan en indicios cualificados contra cargos aforados, como el propio Sánchez o su ministro del Interior, Grande-Marlaska.
A este último se dirigía, de manera directa, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al señalarle diiendo: «s obvio que ya hay quienes actúan por consejo de sus abogados, ¿verdad, señor Marlaska?»,
Que la causa continúe anclada en la Audiencia Nacional depende, en exclusiva, de la jueza Tardón, con independencia de las peticiones de la Fiscalía, si bien en caso de discrepancia la Sala de Apelaciones de lo Penal del órgano tendría la última palabra. En todo caso, la magistrada podrá reclamar para sí la causa de Ceuta si se acredita, con indicios sólidos, la existencia de supuestos delitos que comprometieran la paz o la independencia del Estado (Título XXIII del Código Penal, artículos 589 y siguientes) y en los que el rol del Gobierno no puede limitarse a una crisis mal gestionada, sino que exige una dejación consciente —dolosa o por imprudencia grave— para laminar la soberanía. O la trata de seres humanos o tráfico ilícito de personas con organización criminal.
