La central Almaraz II (Cáceres) notificó ayer al Consejo de Seguridad Nuclear una parada automática de su planta. El suceso, que ocurrió mientras la unidad operaba a plena potencia, se produjo en la vuelta del regulador de tensión del generador a modo automático. Unas horas antes, dicho regulador se había pasado a manual por las oscilaciones registradas en la red de alta tensión. La caída de la tensión en el generador eléctrico hizo que saltaran las protecciones de la turbina y detuvo automáticamente el reactor.
En este contexto, la CNMC explica que las tensiones en la red de transporte no han sufrido variaciones significativas gracias a la aplicación de medidas de control de tensión, pero destaca que los valores se han mantenido en niveles elevados.Para el organismo, «en algunos momentos, las tensiones de la red de transporte han llegado a alcanzar valores máximos cercanos a los umbrales permitidos por la normativa, llegando incluso a superarlos en momentos puntuales».
Según relata Competencia, se ha llevado a cabo un plan de instalación de reactancias en la red de transporte, pero el uso de este recurso ha llegado al punto de agotamiento. El organismo sostiene que el desacoplamiento de líneas de la red de transporte por control de tensión ha seguido la misma tendencia que el uso de reactancias, es decir, se han mantenido abiertas durante más tiempo en el sistema, aunque explica que se ha reducido en los últimos años por la instalación de estos sistemas de bloqueo.
Visto este diagnóstico, el supervisor indica que para mantener las tensiones dentro de los márgenes, durante los últimos años se ha intensificado la aplicación de medidas (reactancias y apertura de líneas) por lo que el sistema «está perdiendo margen de actuación ante posibles situaciones excepcionales» e indica que en ocasiones «se hace necesario conectar generación por restricciones técnicas por agotamiento de las medidas».
La CNMC estima que la demanda es responsable del 13% de la reactiva vertida en la red y asegura que es la que está soportando el sobrecoste de las restricciones para resolver los problemas de tensión, que según los datos del organismo alcanzaron los 370 millones de euros en el 2022.
