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  Opinión  Odio injustificado hacia el empresario
Opinión

Odio injustificado hacia el empresario

La situación que atraviesa nuestra economía no es especialmente brillante por mucho que la maquinaria propagandista de Moncloa trata de convencernos de ello. Por eso, la decisión de Ferrovial ha hecho tanto daño a esa maquinaria y todo el Gobierno se ha lanzado en tromba contra empresa y empresario como si las decisiones de una empresa no fuesen libres e inapelables para el Gobierno.

Alfonso VidalAlfonso Vidal—5 de marzo de 20230
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Sin embargo, esa punta de iceberg que tan nerviosos ha puesto a los socialistas ha sacado a la luz los odios, manías y tics totalitarios del área podemita del Gobierno, porque no hay que olvidarse de que estamos ante una coalición gubernamental bastante dividida en la que cada una de las partes actúa por su cuenta y riesgo y este no iba a ser una excepción. Y así como los socialistas han reaccionado porque les estropea su estrategia electorera, los podemitas lo hacen por el odio hacia todo lo que suene a capitalismo, empresa, beneficios o simplemente iniciativa privada imposible de controlar por el futuro gobierno comunista por el que luchan.

De ahí que la ministra Belarra se haya explayado este fin de semana a fondo sobre le tema dejando clara su posición tachando
a Ferrovial de «empresa pirata» por el traslado de su sede fiscal a Países Bajos y ha pedido «atarles en corto» para «que tengan que devolver hasta el último euro que les dieron los españoles». Así lo ha expresado Belarra en su intervención en el encuentro feminista de la ruta ‘La fuerza que transforma’ de Podemos en Madrid, donde ha reivindicado que el feminismo «propone un cambio de mirada» para «pasar de la lógica del capitalismo, de la acumulación permanente de beneficios económicos» a la defensa de los «derechos de la mayoría social».
En este contexto, ha dicho que esta semana se ha visto un «ejemplo muy concreto» con lo sucedido Ferrovial, a la que ha afeado su traslado cuando «se ha llevado sólo en esta legislatura 1.000 millones de euros de contratos públicos».

Asimismo, ha recordado que la empresa «vio cómo se nacionalizaban sus salarios con los ERTE y que después, cuando las cosas le fueron mal, fue rescatada con dinero de todos los españoles». Ahora, ha lamentado, «decide llevarse su sede social fuera de España»«Es una empresa pirata y hay que decirlo claro», ha insistido en este sentido, para pedir que devuelvan lo aportado por los españoles para que se pueda destinar a servicios públicos. «Eso es exponer la lógica de la vida por delante de la lógica de los beneficios económicos. Y eso es también feminismo».

 

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