Y lo hace después de que el Tribunal Supremo haya desestimado de manera íntegra los recursos interpuestos por esos fondos. La compañía, ha destacado en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, confirma la resolución de esta sentencia tras las informaciones aparecidas en la prensa sobre la decisión del Supremo.
«Al no caber recurso ordinario frente a la sentencia, queda cerrado definitivamente este procedimiento, sin que OHLA deba realizar pago alguno por los importes reclamados. Asimismo, la sentencia impone las costas procesales derivadas de ambos recursos a las entidades recurrentes», dice OHLA.
La sentencia, destaca la firma, confirma el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya había desestimado las pretensiones formuladas contra OHLA en primera y segunda instancia. En la demanda se solicitaba que se declarase el supuesto incumplimiento contractual de OHLA respecto de un contrato de apoyo suscrito en diciembre de 2003, y que se condenase a la sociedad al pago de 212 millones de euros a la concesionaria Aeropistas, más 71 millones de euros en intereses de demora.
El Tribunal Supremo ratifica que la cláusula de dicho contrato de apoyo tenía una vigencia temporal vinculada a las fases de construcción y explotación de la concesión y que, una vez concluida la explotación de la concesión tras la liquidación del concurso, las garantías invocadas carecen de causa.
Cabe recordar que el origen del conflicto se remonta a 2022. Fue en ese año cuando se adjudicó la concesión administrativa para la construcción y explotación de la autopista de peaje del eje aeropuerto en Madrid (M-12). Y es que para canalizar la inversión y obtener financiación se constituyó la sociedad Aeropistas, que fue la que suscribió un contrato de crédito con diversas entidades bancarias.
Según los fondos demandantes, que se subrogaron en la posición de los bancos financiadores originales mediante cesiones de créditos a raíz de la quiebra de la autopista y posterior rescate por parte del Estado, OHLA estaba obligada a cubrir las desviaciones de costes del proyecto. Pero los tribunales le han dado la razón a la compañía.
