La iniciativa ha sido impulsada por ERC y ha contado con el apoyo de gran parte del arco parlamentario. PSC, Junts, ERC, Comuns y Aliança Catalana se han pronunciado a favor, mientras PP y CUP se han abstenido. Solamente Vox se ha desmarcado al votar en contra. «Evitar un oligopolio» dentro del sector bancario o promover la estabilidad económica y social de Cataluña» son algunos de los puntos más destacados.
La reticencia ‘oficial’ de la cámara legislativa se suma a la de otros actores relevantes del empresariado en la región que unieron esfuerzos para solicitar vía carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impida la fusión. Tal y como publicó La Información Económica, la línea argumental gira en torno a la «elevada» concentración de poder económico y empresarial en la capital del Estado -Madrid-, así como en la necesidad de repartir los núcleos de decisión financieros, económicos y empresariales a lo largo del territorio español.
Conscientes de que la operación podría tocar sensibilidades a los tres citados niveles, desde el momento en que BBVA lanzó el ataque hostil en mayo de 2024 se comprometió ante los inversores a mantener un doble centro de decisión en España. Uno de ellos se ubicaría en Madrid, actual ubicación corporativa del grupo de origen vasco -la sede social está en Bilbao-, y el otro en las instalaciones que el banco catalán posee en el municipio de Sant Cugat del Vallès.
