Según revela El Confidencial, entre los señalados figuran el ministro de Transportes, Óscar Puente, así como periodistas y analistas como Antón Losada y Ernesto Ekaizer. Fuentes jurídicas citadas por el diario detallan que el juez ha dado este paso para evitar la posible prescripción de los hechos, ya que el Código Penal establece un año de plazo desde que el afectado conoce las declaraciones ofensivas. Pese a que la instrucción del caso sigue abierta y Peinado habría preferido esperar, las continuas acusaciones le han llevado a actuar ahora, en lo que se considera un primer paso hacia futuras acciones civiles o penales.
Las declaraciones criticando la labor de Peinado han sido especialmente intensas en los últimos meses. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuó que el juez actuaba movido por motivaciones políticas. Sin embargo, las declaraciones más directas han procedido del ministro Puente, que llegó a calificar la instrucción de «un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro», y de otros políticos como Pablo Iglesias, quien le tachó de «prevaricador» en televisión, asegurando que «se va a ir de rositas porque se pactó la reforma del CGPJ con el PP». El juez considera que estas acusaciones suponen un ataque intolerable a su independencia judicial y constituyen un claro atentado contra su honor profesional.
Todo esto ocurre en un contexto de alta tensión política y mediática en torno al caso Begoña Gómez, en el que diversos miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz Pilar Alegría, han cuestionado públicamente la investigación. Además, el propio presidente Sánchez presentó una denuncia por prevaricación contra el magistrado, que fue finalmente archivada. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha elevado quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial.
