El magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, presentó un auto el pasado 20 de marzo en el que manifestó que «se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado».
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había «indicios racionales de criminalidad» que justificaran esa decisión.
En su nuevo auto, Peinado aduce que Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno» para «impulsar su proyección profesional» en la Universidad Complutense de Madrid, «obteniendo para ello una interlocución singular con responsables» del centro, «empresas patrocinadoras» y «entidades del sector tecnológico».
Así, señala que su condición de pareja de Sánchez «influye en la conducta de cualquier ciudadano» por el «poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones».
Al mismo tiempo, incide, Gómez «recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial» para «la creación, desarrollo y expansión» de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente. «Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas», agrega.
En ese punto, asevera que Álvarez «era percibida por terceros no como una asistente protocolaria» de la mujer de Sánchez, sino como una «persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra» y del proyecto vinculado al ‘software’.
El auto, cuyo objetivo, dice Peinado, no es «anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral o sobreseimiento» sino «verificar la verosimilitud» de los hechos investigados, desliza que Gómez, valiéndose de su condición de esposa de Sánchez, pudo escribir cartas «sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos» para presuntamente «beneficiar» al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en esta causa.
Por su parte, Gómez recurrió la decisión de Peinado al entender que sólo hay «meras conjeturas» del instructor en el mencionado auto, según un escrito al que tuvo acceso esta agencia de noticias. La representación legal de la mujer del presidente reclama dejar sin efecto el auto del juez, señalando que los datos con los que el magistrado aduce su resolución son «falaces» o «no tienen la entidad que les da el instructor». «La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno», sostiene la defensa de Gómez, que también critica la «redacción confusa» de Peinado.
En su opinión, la «falta de esa obligada motivación ponderativa» no permite conocer si Peinado «ha tomado en consideración la circunstancia de que, por tratarse de un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública», dirigir la causa a un jurado popular puede generar «una ulterior lesión» del derecho al juez imparcial tras el «juicio paralelo» producido por la «acción persistente» de los medios de comunicación y los «foros políticos».
