Peinado acudió el pasado 30 de julio al Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez dentro del caso abierto a su mujer por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del Gobierno se negó a declarar, acogiéndose al derecho que la ley le concedía (solo respondió a dos breves preguntas protocolarias del juez).
Según la información, para Peinado el silencio de Sánchez, pese a ser legítimo, «permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal».
Peinado explica que «el testigo» se acogió a «la dispensa que le ofrece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», de tal manera que «no realizó manifestación alguna» respecto de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar.
Dichas preguntas «si no se consideraran impertinentes por este instructor, habría de haber contestado, bajo juramento, y por tanto decir verdad». Ante la petición de la Fiscalía señala que «lo cierto es que las partes tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas», incluidos «los contenidos en los soportes digitales» en los que se documenten, en su caso, las diligencias de instrucción llevadas a cabo.
Lo justifica ante «la interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio». El presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e, inmediatamente, interpuso una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que está pendiente de su admisión a trámite, algo que se decidirá en septiembre.
La querella pide al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó «a sabiendas» varias resoluciones «injustas» y contrarias a lo dispuesto en la norma ya que atendían a «convicciones propias» que «se apartan de su deber investigador».
