Planeta, el grupo catalán de capital familiar con actividades en los sectores de la edición, la formación y la comunicación, batió el año pasado su récord de ingresos y superó por vez primera en sus 75 años de historia la cota de los 2.000 millones de euros. La compañía propiedad de la familia Lara alcanzó, en concreto, una facturación de 2.090 millones de euros, un 7% por encima de 2023, según las cifras avanzadas este martes por José Creuheras, presidente del grupo, con motivo del Premio Planeta de Novela, que se entregará el miércoles en Barcelona y está dotado con un millón de euros.
Creuheras ha destacado que la corporación, con 16.000 empleados y presencia en 24 países, obtuvo en 2024 un ebitda de 408 millones de euros, también el más elevado en la trayectoria de la compañía. Esta cifra es un 9% superior a la registrada en el ejercicio anterior.
El negocio editorial, el que dio origen al grupo, representa ahora en torno a la cuarta parte de los ingresos totales de Planeta, al mismo nivel que la formación, un área que gana peso año tras año, mientras que la división de comunicación, configurada en torno a Atresmedia, aporta el 47% del total, ha explicado Creuheras, quien ha adelantado que 2025 será un «muy buen año» para la corporación, aunque ha advertido de la existencia de «una cierta crisis en el mercado publicitario». «Lo que ocurra en el tercer cuatrimestre será muy importante», ha indicado.
Tras refinanciar en 2023 deuda bancaria por un importe de 140 millones de euros, el grupo sitúa ahora su nivel de endeudamiento en unos 220 millones, una cantidad «más que razonable», a juicio del presidente de Planeta. Según Creuheras, la compañía está en condiciones de autofinanciar proyectos de inversión ambiciosos, entre los que se ha referido a la construcción del nuevo campus de ciencias de la salud de la Universidad Internacional de la Empresa (Unie), en Madrid.
Creuheras ha admitido que el consejo de administración de Planeta «podría plantearse» el regreso de la sede social del grupo a Barcelona, aunque ha insistido en que, «de momento no se ha planteado» esa opción. La compañía, nacida en 1949 en la capital catalana, trasladó su sede a Madrid en octubre de 2017, en plena escalada independentista en Cataluña. «Fue una decisión difícil y traumática, provocada por la falta de seguridad jurídica», ha recordado el directivo, quien ha argumentado que una hipotética decisión de dar marcha atrás debería tener «un gran componente de seguridad».
