Sobre las 8 de la mañana, varios agentes de la Policía Nacional se han personado en las oficinas centrales de la compañía por instrucción del juzgado número 15 de Madrid. Este registro obedece a un presunto delito de blanqueo de capitales, pero que es diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida el miércoles junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.
Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Esta investigación no está afectando a la operativa de la compañía, según indican fuentes internas, manteniéndose sus vuelos con normalidad. Además, se indica que «el personal está colaborando plenamente con la Policía Nacional facilitando toda la documentación que precisen».
La aerolínea ha indicado a sus trabajadores que no hay restricciones para acudir a la oficina a pesar de la investigación, aunque ha recomendado el teletrabajo en el día de hoy.
Por otra parte, la Policía ha detenido al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, CEO de la compañía, en una operación que comenzó horas atrás con el registro de la sede principal de la aerolínea –en Madrid–, a la que se relaciona con un presunto delito de blanqueo de capitales.
Por el momento, no han trascendido más detalles de una operación cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Por parte de Plus Ultra, los responsables legales no han ofrecido una versión oficial.
La investigación de Plus Ultra se produce por presunto blanqueo de capitales y a cargo está la UDEF de la Policía Nacional. La compañía fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en 2021, con 53 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició una investigación al respecto, que fue archivada por un error en la prórroga de las pesquisas.
El Juzgado nº 15 de Madrid también está a cargo de la investigación que ha derivado en la detención del presidente y el CEO de Plus Ultra. La misma se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario.
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Sobre el archivo de la causa en relación al rescate de Plus Ultra por la SEPI, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en 2023, tomó esta decisión y la juez Collazos señaló en auto que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados «carecían de capacidad de decisión», después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se había «agotado el plazo de 12 meses previsto» para el desarrollo de las pesquisas.
«Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros, que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra», explicó la magistrada en su resolución.
