Así lo anunció el partido en una carta enviada a sus empleados al día siguiente de los comicios generales celebrado en julio. En esta, Podemos asume que se enfrenta “a un nuevo escenario” tras las dos citas electorales que, además de la pérdida de peso político, supone una importante reducción de ingresos. En concreto, revela que una “valoración inicial” de la situación sitúa las pérdidas en un 70% a nivel estatal y en un 90% aproximadamente en lo territorios.
Esto lleva al partido a anunciar la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo en nueve autonomías —Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana—; además de una reducción de plantilla en su sede central.
Según detalla en la misiva, el ERE afectará a un total de 45 trabajadores dependientes de los nueve centros territoriales que serán cerrados. Podemos cuenta además con 61 empleados a nivel estatal, el 57,55% del total de su plantilla que también sufrirán una importante reducción. La formación morada subraya la reducción de escaños en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales como justificación de una “profunda reorganización del partido en todos los ámbitos” para adecuarse “al descenso de recursos que esto supone”. Y anuncia: “Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo y, en el estatal, una reducción de la plantilla”.
El partido abre ahora un proceso de negociación que pilotará la secretaria de Organización dirigida por la diputada electa Vestrynge. “La Organización queda a disposición de las compañeras y los compañeros con la convicción de que entre todas seremos capaces de encontrar las mejores soluciones para impulsar de nuevo a nuestra organización, a nivel autonómico y estatal”.
El 23J, Podemos se presentó a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, liderado por Díaz, que cosecho un total de 21 escaños con un 12,31% de los votos. De ellos, solo cinco pertenecen a Podemos. Dos meses antes, el partido ya había perdido cuantioso peso territorial en los comicios del 28 de mayo, quedándose sin representación en dos plazas importantes (Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), y sin alcanzar tampoco su objetivo de entrar en los parlamentos regionales de Castilla-La Mancha y Cantabria. Además, vieron frustrada su intención de sumar con el PSOE en numerosos territorios e incluso perdieron ejecutivos autonómicos que ya tenían, como es el caso de Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón.