Es el primero en siete años y el tercero bajo el mandato del presidente Trump y afecta por el momento a servicios no esenciales, pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si el bloqueo legislativo se prolonga.
A las 23:59 del martes 30 de septiembre -cuando concluía el año fiscal- llegaron sin un plan consensuado para aprobar unos fondos que permitieran a las agencias del Gobierno seguir funcionando a pleno rendimiento. Los republicanos sólo lograron dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas, mientras que los demócratas tampoco lograron recabar en la Cámara Alta los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad.
A diferencia del cierre parcial de 34 días que finalizó en 2019, el Congreso no ha aprobado ningún proyecto de ley de asignaciones presupuestarias, por lo que ninguna oficina gubernamental ha recibido fondos. Ante este escenario, la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca ordenó a las agencias que comenzaran a ejecutar sus planes para un corte de fondos, lo que deriva en la interrupción de los empleos de cientos de miles de estadounidenses y en la alteración de muchos servicios públicos. De momento puede calificarse el cierre como parcial ya que no afecta a los servicios básicos en el país. Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero los funcionarios no cobrarán sus sueldos hasta que los legisladores lleguen a un punto de encuentro para un nuevo Presupuesto, cuando de forma retroactiva se les ingresará los que se les deba.
La gran duda está en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales. El punto muerto en que se encuentran las negociaciones entre republicanos y demócratas -sobre todo en cuanto a los subsidios a la atención médica- indica que el cierre podría prolongarse, y eso tendría un efecto directo en la economía.
Una de las primeras consecuencias podría ocurrir en tres días si no se encuentra una solución presupuestaria antes. Se prevé que el Departamento de Trabajo retrase la publicación de datos económicos clave, incluyendo probablemente el esperado informe de empleo que debería conocerse este viernes ante la suspensión de los empleados de la Oficina de Estadísticas Laborales. Además, se cancelarán muchas inspecciones laborales para analizar la seguridad de diversos lugares de trabajo y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejarán de analizar los datos de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria, entre otras cuestiones.
Los ‘riesgos’ económicos son varios. Para Bloomberg Economics, si el cierre dura tres semanas, la tasa de desempleo podría dispararse del 4,3% en agosto al 4,6%-4,7%, ya que los trabajadores en ERTE -los que han mandado a casa por el recorte de fondos de las agencias del Gobierno- se contabilizan como desempleados temporales. Eso, sin contar con el plan de Trump de aprovechar el cierre para reducir el tamaño del Gobierno mediante el despido masivo de empleados federales de diversas agencias que no estén del todo alineados con las prioridades del presidente. Aunque esta iniciativa está siendo impugnada en los tribunales, de confirmarse agravaría las consecuencias del cierre respecto a los anteriores y los recortes de empleo se sumarían a los 150.000 trabajadores que abandonaron la fuerza laboral federal con el programa de renuncia de la iniciativa DOGE de Elon Musk.
En los anteriores cierres del Gobierno federal, parte del impacto económico se recuperó tras la vuelta a la normalidad, aunque nunca del todo. En datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la economía estadounidense no recuperó 3.000 millones de dólares de los 11.000 que costó la reducción de la producción económica durante el cierre parcial del gobierno de 2018-2019, que duró cinco semanas y fue el más largo de la historia de EEUU.
