El principal partido de la oposición tumbará los nuevos límites de déficit y deuda, si bien se abre a negociar un posible apoyo a este trámite, necesario para que las nuevas cuentas puedan salir adelante, si el Gobierno acepta sus demandas. Estas incluirían, según ha explicado su portavoz económico, Bravo, una rebaja fiscal que incorpore la deflactación del IRPF, la rebaja del IVA al gas y electricidad, así como a la carne, al pescado y a las conservas, además de la eliminación impuesto producción energía. En segundo lugar, un reparto más equitativo del actual topee de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas y, por último, la dotación de un fondo en favor de las autonomías para atender las necesidades relacionadas con Sanidad, Educación y servicios sociales.
Un día antes, Trabajo pretende llevar al Consejo de ministros la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables que no pudo sacar adelante en 2023 pero todo dependerá de cómo se gestionen en las próximas horas las discrepancias que mantiene con el ala socialista del Gobierno, especialmente en lo relativo a la capacidad de las empresas para rebajar de manera unilateral la jornada a los trabajadores a tiempo parcial.
En declaraciones a la prensa tras reunirse con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, el secretario de Estado de Trabajo, Pérez Rey, ha reconocido que de momento «no hay acuerdo» con el PSOE en un punto que para el Ministerio es «fundamental»: impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente a los trabajadores a tiempo parcial su jornada y, en consecuencia, su salario. «Para nosotros es esencial que en el marco de la transposición de esa directiva se incorpore una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, impida rebajar la jornada o ampliarla con bajada del salario proporcional», ha indicado en rueda de prensa.
Desde Trabajo defienden que la garantía de los derechos de los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, pasa por incorporar una regla que garantice que esta medida sólo se podría llevar a cabo mediante un acuerdo con los trabajadores «y no por una imposición unilateral de la empresa, por muy importante que sea esa empresa». Este es el principal escollo de una ley que se intentó aprobar el año pasado. En este sentido, Pérez Rey ha recordado que «es una regla firmemente defendida desde que hemos iniciado la tramitación de esta transposición y creemos que tiene que incorporarse necesariamente al texto final que finalmente traslademos a las Cortes Generales».
Como se recuerda, el plazo para transponer la norma europea se agotó el 1 de agosto de 2022. En junio, la Comisión Europea mandó su segundo aviso a España, Grecia y Luxemburgo (el primero fue en septiembre de 2022 y alcanzó a 18 países) ante la tardanza del Gobierno en incorporar la normativa de transparencia laboral, y dio dos meses al Gobierno para notificar las medidas a adoptar que también se incumplieron. El siguiente paso en la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario apuntaría al Tribunal de Justicia de la UE
Y a todo esto según la Comisión Europea señala que España es el país menos avanzado en la ejecución de la financiación. Si bien el Gobierno ha acelerado la selección de proyectos en este plazo y la ejecución aumentó un 20%, España solo ha gastado el 63% de los fondos disponibles, y le restan algo menos de 28.000 millones de euros por solicitar del anterior periodo presupuestario.
Los fondos estructurales abarcan varias partidas: los programas de Cohesión, el fondo agrícola y para el desarrollo rural, el fondo marítimo y de pesca, el fondo social europeo y el fondo de desarrollo regional. Es así que, según los datos del Ejecutivo comunitario, a finales de 2023, España había pedido el 72% de la partida de fondos regionales, la principal partida de los fondos de Cohesión. Una proporción que se sitúa, en todo caso, por debajo de la media comunitaria, del 82%. España es, no obstante, uno de los mayores beneficiarios de fondos estructurales europeos del anterior periodo presupuestario. Los 75.000 millones asignados a Madrid solo son superados por los cerca de 111.500 millones de Polonia y los más de 93.500 millones de euros de Italia. La proporción, sin embargo, varia respecto a las referencias comunitarias y las mayores asignaciones provienen del fondo de desarrollo regional, con casi la mitad de la financiación, y el fondo agrícola.