Según explicó la dirigente del PP, tres ministros del Gobierno español difundieron públicamente una información que ha sido desmentida por verificadores independientes.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo. Ese día, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; y la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmaron en diferentes intervenciones públicas que un exagente de la Guardia Civil había amenazado con colocar una bomba lapa en el vehículo del presidente del Gobierno. Según Montserrat, esta acusación iba dirigida directamente a Juan Vicente Bonilla, exmiembro de la UCO.
Posteriormente, medios de comunicación especializados en verificación de datos desmintieron esta versión. Las informaciones concluyeron que no existía ninguna amenaza real ni pruebas que vincularan a Bonilla con los hechos mencionados. Para el Partido Popular, este episodio constituye un caso de desinformación institucional y un ataque a la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Montserrat ha solicitado a la Comisión Europea que tenga en cuenta este caso en su próximo informe sobre el Estado de derecho. También ha pedido que se emitan recomendaciones específicas sobre la desinformación promovida desde instituciones públicas. En su argumentación, recordó que el Reglamento (UE) 2022/2065 obliga a los poderes públicos a no contribuir a la propagación de contenidos falsos, especialmente cuando afectan a instituciones democráticas.
La eurodiputada alerta de que la desinformación interna representa una amenaza creciente para la democracia europea y puede ser utilizada para manipular la opinión pública. También advierte del riesgo que implica la difusión de mensajes falsos que puedan dañar la imagen de cuerpos policiales encargados de luchar contra la corrupción.
En paralelo, el portavoz del PP en el Congreso, Tellado, ha anunciado que su grupo ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para que los ministros implicados aclaren si rectificarán sus declaraciones. En caso contrario, el PP impulsará una iniciativa en la Cámara Baja para pedir su cese, aunque necesitaría el apoyo de algún socio del PSOE para que prospere.
