El Gobierno ha iniciado esta semana una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de recabar los apoyos suficientes con los que aprobar la senda de estabilidad y deuda y empezar a desatascar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El tiempo apremia, puesto que la Comisión Europea ha dado a España un tiempo ‘extra’ para remitirle el borrador presupuestario con las medidas concretas que aplicará el año que viene y que tienen que completar necesariamente su Plan Fiscal y Estructural.
El comisario de Asuntos Económicos, el socialista italiano Gentiloni, ya dejó claro que la flexibilidad de la Comisión Europea con los plazos «tenía límites». Lo hizo pocos días antes de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa remitiese el pasado martes 15 de octubre su plan de ajuste sin acompañarlo de ese borrador presupuestario.
La falta de apoyos parlamentarios suficientes ha impedido hasta ahora al Ejecutivo avanzar en el trámite para sacar adelante las cuentas del año que viene, por lo que podría darse el caso de que se viera obligado a enviar una propuesta de borrador a Bruselas (con medidas concretas a aplicar el año que viene) sin haber llegado a presentar los Presupuestos aún en el Congreso de los Diputados.
Esto puede suponer un problema añadido para el Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya reclamó que hubiera un consenso político sobre las líneas generales del plan de ajuste fiscal estructural. Fuentes financieras consultadas por ‘La Información’ ponen en duda la credibilidad de un plan estructural a medio plazo que no se ha discutido previamente en el Parlamento, que no ha sido discutido ni consensuado con la oposición y lamentan que la Comisión saliente haya permitido a los Estados, en general, actuar de este modo.
Fuentes próximas al Gobierno aseguran que ya ha habido un primer intercambio de pareceres entre las autoridades españolas y las comunitarias sobre la propuesta que ha remitido el Gobierno, si bien la Comisión no publicará sus dictámenes sobre los planes de los distintos países, en principio, hasta el próximo 30 de noviembre. Antes de esa fecha se entiende que tiene que haber valorado también el borrador presupuestario.
Por lo pronto, ya habría una disparidad de criterio si se toman en cuenta en las cifras enviadas, puesto que las recomendaciones previas de Bruselas para el Plan Fiscal y Estructural de nuestro país rebajaban el tope al incremento anual del «gasto neto primario» al 2,8% de media de 2025 a 2031, frente al 3% propuesto por el Ejecutivo.
El próximo 30 de octubre la Autoridad Fiscal publicará su tradicional informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Habrá que ver si en él hay algún pronunciamiento sobre el plan fiscal dado que, a falta de proyecto de cuentas públicas del Estado, es la única información de la que el organismo fiscalizador dispondría hasta la fecha para poder emitir una valoración.
