El Banco de España vuelve a elevar su previsión de inflación para este año por el impacto de la guerra de Oriente Medio. Lo hace en seis décimas, hasta el 3,6%, apenas tres meses después de haber incrementado este avance en otras nueve décimas cuando realizó el primer balance sobre el efecto que tendría el conflicto iniciado en Irán sobre la evolución de los precios de la cesta española. El organismo espera un encarecimiento de la energía, los bienes industriales y los servicios, lo que lleva a aproximar su proyección del IPC al escenario adverso dibujado en el análisis de marzo.
El supervisor revisa en menor medida el dato para 2027, que eleva solo en una décima, al 2,6%, ya que espera que en este ejercicio se materialice una caída pronunciada de los precios energéticos. En cambio, mantiene estáticas sus previsiones para el avance de la economía en el 2,3% para 2026 y el 1,7% en 2027, ya que la evolución de la actividad económica en el segundo trimestre del año ha compensado el empeoramiento del contexto internacional. Además, la actualización de las proyecciones de carácter demográfico impulsa el comportamiento del PIB de cara a 2027.
El organismo que encabeza espera por tanto que España sea más resiliente que el conjunto de las economías del euro, pese a que los precios se vayan a incrementar en mayor medida en este país. Sin embargo, advierten de que persistirá el problema del desempleo de larga duración por el que la tasa de paro se mantendrá en el entorno del 10% pese a mantenerse el ritmo de la creación de empleo y recibir un nivel de inmigración mucho más elevado que el resto de la Unión Europea que está permitiendo cubrir las vacantes anunciadas por diferentes sectores.
BDE, INFORME ANUAL: pensiones, no, vivienda, si
El Banco de España ha presentado este jueves también su informe anual, en el que como ya sucedió el año pasado no se hacen referencias al gasto en pensiones y se pone el foco en el problema de la vivienda.
El organismo califica el problema de acceso a la vivienda como un «enorme problema social y económico» que acelera la evolución de los precios y expone a los jóvenes y a los extranjeros a una situación de vulnerabilidad económica. Tanto es así que advierte que este problema puede limitar el crecimiento potencial de la economía y en consecuencia, el avance del PIB.
El incremento de los precios de la vivienda para compra y alquiler, que se ha acelerado en los últimos años, ha aumentado el esfuerzo que tienen que hacer los jóvenes para emanciparse, lo que retrasa la formación de nuevos hogares y condiciona sus decisiones sobre el número de hijos que van a tener, en un contexto en el que las tasa de natalidad del país ya es muy baja. «El crecimiento económico a largo plazo se vería afectado negativamente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población» explica el último informe anual del Banco de España.
El factor trabajo es uno de los tres elementos que marcan el crecimiento potencial de una economía, por lo que si se recorta la población activa (el número de personas que tienen un empleo o están en paro), el potencial de la economía española se verá mermado, en tanto que la productividad o las inversiones de capital no serían capaces de compensar esta pérdida de ocupados de cara a lo que es capaz de producir toda la economía.
Por otro lado, la proporción de la renta que tienen que destinar los jóvenes al pago de la vivienda también frena directamente el crecimiento que va a poder tener la economía española, en tanto que estos trabajadores no van a poder invertir tanto en su formación y acumular capital humano, el que es un aspecto clave para la productividad por trabajador. El precio de la vivienda también limita su capacidad de moverse a las provincias donde se ofrece la mejor formación u oportunidades laborales más interesantes, lo que afecta a su capacidad para adquirir habilidades para el trabajo.
Los economistas del Banco de España identifican así que la vivienda se ha convertido en un factor de «expulsión» de los colectivos más vulnerables, es decir, de jóvenes e inmigrantes de los mercados laborales de las zonas en las que los precios de la vivienda están más tensionados. Un fenómeno que se concreta en que no se dirigen al lugar donde les gustaría trabajar sino donde pueden permitirse hacer frente al precio de la vivienda. Algo que genera una falta de encaje entre las demandas de trabajadores y la oferta que agrava un problema de vacantes que afecta especialmente al sector de la construcción y topa las viviendas que se construyen al año.
El supervisor identifica que el problema de la vivienda es de oferta, porque hay un déficit de 750.000 viviendas, la construcción de inmuebles por el sector privado avanza a menor velocidad de lo previsto y el sector público tiene un peso muy reducido, que destaca en la comparación internacional. Solo una de cada 65 viviendas es de titularidad pública, un 1,5% del total. Y que por tanto, esta es la dirección en la que es necesario avanzar, si bien, creen oportuno aplicar una serie de medidas temporales que trabajen sobre la demanda de viviendas, para ayudar a los colectivos vulnerables.
En este sentido, plantean la posibilidad de limitar los usos no residenciales de la vivienda, como el alquiler de temporada o de uso turístico, como ya han hecho algunas comunidades autónomas. «Estas restricciones pueden mitigar el aumento de los precios en las zonas donde se concentran estas viviendas y en las que exista una elevada presión» apuntan. Una política que tiene acompañarse con la evaluación de los riesgos. Igualmente, consideran que los programas de ayudas a los particulares que movilicen sus viviendas, incluso las que están vacías, pueden tener efectos positivos.
De igual manera, valoran la implementación de límites al precio de la vivienda como herramienta para reducir la vulnerabilidad de los grupos, por ser muy afectivas a corto plazo para reducir el esfuerzo de inquilinos con contratos de alquiler en vigor. No obstante, de nuevo insisten en la importancia de evaluar los riesgos que pueden tener estas medidas en el conjunto de la economía y señalan otras alternativas para generar un mayor bienestar social como extender la duración de los contratos o modificar las condiciones para que estos sean prolongados
