La creciente desconfianza de los propietarios se ha convertido también en uno de los grandes factores que están reduciendo la oferta de vivienda de alquiler disponible. En este contexto, según los datos de Sociedad Española de Alquiler Garantizado, el 70% de los arrendadores reconoce que hoy prioriza minimizar riesgos de impago y conflictos jurídicos antes que maximizar la rentabilidad de su vivienda, una tendencia al alza en 2026 ante el aumento de la inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria.
Y es que el mercado del alquiler atraviesa un momento especialmente delicado. Más del 60% de los propietarios asegura haber endurecido las condiciones de acceso a sus viviendas durante el último año y alrededor del 50% admite haber rechazado perfiles por dudas sobre su solvencia o estabilidad económica. Además, aproximadamente uno de cada tres pequeños propietarios se plantea abandonar el alquiler tradicional ante el temor a procesos largos de recuperación de la vivienda o situaciones de morosidad.
Lo peor de todo es que esta situación está agravando todavía más la crisis habitacional, especialmente en las grandes ciudades y zonas tensionadas. “Cuando un propietario percibe que alquilar su vivienda implica un riesgo elevado y escasa capacidad de reacción ante un impago, la consecuencia natural es retirar oferta o endurecer al máximo los filtros de acceso”, explica Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG. “El resultado es un mercado cada vez más excluyente, con menos vivienda disponible y mayores dificultades para acceder al alquiler”. Para Salinas, parte del problema es que el debate público sobre vivienda se ha centrado casi exclusivamente en intervenir precios o aumentar regulación, dejando en segundo plano la seguridad jurídica del propietario. “Sin confianza no habrá más oferta. Y sin más oferta es imposible estabilizar precios o mejorar el acceso a la vivienda. La realidad es que muchos pequeños propietarios hoy prefieren no alquilar”, señala.
