Así lo recoge una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado que marca el punto final a más de una década de controversia técnica, política y jurídica en torno a una de las infraestructuras energéticas más polémicas del país.
La Dirección General de Política Energética y Minas ha dado luz verde a la ejecución del proyecto, cuya primera fase contempla la clausura de los 13 pozos que conforman el sistema de almacenamiento. Las operaciones estarán a cargo de Enagás Transporte, administradora de las instalaciones desde 2014, tras la hibernación decretada por el Gobierno por los episodios sísmicos registrados en 2013 y 2014.
Las tareas se realizarán desde la plataforma marina «Noble Resolve», con apoyo de buques logísticos y equipos especializados, y consistirán en la instalación de hasta 37 tapones de cemento para aislar completamente los pozos, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Estos tapones sustituirán a los actuales, que se encuentran caducados desde hace ya cinco años. Cada pozo será sometido a dos fases operativas principales -instalación de barreras mecánicas y de cemento- que incluyen perforaciones, lavado, verificación de sellados y desmantelamiento físico de componentes. Se utilizará incluso tecnología PWC (Perforate, Wash & Cement) con uso controlado de explosivos, y se aplicarán protocolos de control de sismicidad, vigilancia ambiental, protección de especies marinas y gestión de residuos.
La duración estimada del proceso oscila entre seis y ocho meses, y se ejecutará por lotes para garantizar el seguimiento continuo de las condiciones del subsuelo, especialmente en los pozos de monitorización.
El proyecto está respaldado por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, emitida en marzo de 2023, que establece 21 condiciones específicas y obliga a Enagás a mantener una vigilancia constante de los efectos ambientales. Entre las medidas destacan la instalación de sistemas de detección de cetáceos y la elaboración de informes semanales durante las operaciones. Además, Enagás deberá contar con una cobertura de responsabilidad civil mínima de 50 millones de euros y se someterá a inspecciones periódicas por parte de las autoridades competentes.
Con esta resolución también se procede a la devolución de las garantías económicas depositadas por la retribución del gas colchón -el gas inyectado para mantener la presión del almacenamiento- al considerarse extinguida la obligación técnica de explotación.
