Según el texto, los socialistas se quejan de que el PP con su mayoría absoluta en la Mesa del Senado haya decidido admitir a trámite la propuesta del PP de reforma integral del Reglamento de la Cámara Alta en la que, entre otros aspectos, se obliga al presidente del Gobierno a acudir al menos una vez al menos a las sesiones de control.
Después de que el PSOE denunciara esta semana que el punto que afecta la asistencia del presidente del Gobierno a los Plenos del Senado es inconstitucional, los socialistas han registrado un escrito de reconsideración para alertar de que hay otras modificaciones que tienen una «cuestionable constitucionalidad».
En concreto, el PSOE hace referencia a la nueva redacción del artículo 107.3 del Reglamento que introduce la figura de la aprobación implícita de los proyectos y proposiciones de ley por parte del Senado, al incorporar que «en el supuesto de que no se presenten enmiendas o propuestas de veto, el proyecto o proposición de ley se entenderá definitivamente aprobado por las Cortes Generales en los términos remitidos por el Congreso de los Diputados».
Para los socialistas, el «silencio positivo que pretende instaurarse» podría colisionar con la Constitución, que atribuye a las Cortes generales el ejercicio de la potestad legislativa del Estado. «El nuevo artículo 107.3 que se plantea en la propuesta de reforma del Reglamento del Senado también pretende ofrecer cobertura normativa al «veto presunto», equiparando el rechazo del texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados, al que no se hayan presentado enmiendas ni propuestas de veto, al veto referido en el artículo 90.2 de la Constitución Española. Esta modificación no resulta compatible para este grupo parlamentario, ni con ese precepto constitucional ni con el propio Reglamento que trata de innovar», añaden los socialistas.
Para ello, el PSOE hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional en el que advirtió que el veto que alude el artículo 90.2 de la Constitución «está sometido al régimen jurídico expresamente delineado en ese precepto», apuntando que su desarrollo en el Reglamento del Senado conduce a definir el veto también por la concreta formalidad que ha de revestir su presentación.
Por otro lado, los socialistas apuntan al artículo que abre la puerta a plantear conflictos institucionales con el Congreso por el bloqueo de la Cámara Baja a algunas proposiciones de ley que se toman en consideración por parte del Senado. «Pretender que la demora injustificada que pudiera experimentar una proposición de ley tomada en consideración en el Senado durante su tramitación en el Congreso opere como supuesto habilitante para el planteamiento de un conflicto de atribuciones supone una transgresión del único así configurado por el legislador orgánico y sustentando por el Tribunal Constitucional», razona el PSOE.
Y sobre la posibilidad de que la Mesa del Senado tome la decisión de eliminar el trámite de urgencia a una proposición de ley que venga con esta calificación por parte del Congreso, los socialistas insisten en que la Constitución es «clara» sobre este aspecto. Al respecto, el PSOE alude a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la reforma de hace un año por parte del PP para intentar dilatar la ley de amnistía.
En definitiva, los socialistas consideran que esta propuesta de reforma del Reglamento impulsada por el PP «pretende forzar las costuras» de la Constitución «tratando de colocar al Senado en una ubicación constitucional que no es la que le asignaron los constituyentes».
Ante esta situación, el PSOE ha advertido que es «necesario» evitar que el Constitucional vuelva a anular una reforma del Reglamento, por lo que ha interpelado directamente a la Mesa, pero también a los servicios jurídicos de la Cámara, destacando su «responsabilidad de primer orden».
