Por tanto, Puigdemont no puede regresar a España sin arriesgarse a su detención, y persiste la inhabilitación para otros como Junqueras, Romeva, Bassa o Turull. Ante esta situación, los líderes del procés (y específicamente Puigdemont) deberán esperar aún a la resolución de los numerosos recursos pendientes, que se sustancian por estricto orden de llegada, que sí aborden la malversación, y al previsible recurso de amparo particular del expresident huido, para cuya presentación dispone ahora de 20 días.
El abogado de Puigdemont, Boye, ha confirmado a la SER que junto a su recurso de amparo va a solicitar como medida cautelar y también cautelarísima que quede sin efecto la orden de detención mientras el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Pero con todo, resulta prácticamente imposible establecer un plazo, un calendario para el regreso a España del expresident, porque aunque el Constitucional, posiblemente a finales de otoño o invierno, considere amnistiada la malversación para Puigdemont, o incluso antes, admita esa medida cautelarísima, al Tribunal Supremo aún le quedará la posibilidad de elevar entonces una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría poner el contador de los plazos a cero hasta que se pronuncie este órgano jurisdiccional.
Fuentes de la defensa de Puigdemont apuntan la posibilidad que, en la presentación del recurso de amparo, puedan solicitar el traslado de su petición de amnistía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para que sea el alto tribunal catalán quien decida. Una reclamación con pocas opciones de prosperar. El expresidente de la Generalitat ya tramitó una petición similar ante el Tribunal Supremo, que fue desestimada.
