Aunque el debate social sobre la inmigración ha pasado por distintas fases, en tiempos recientes ha vuelto a ser noticia, por ejemplo, por la llegada de embarcaciones a Canarias o por la aportación de la población inmigrante al crecimiento demográfico y económico. Sin embargo, en contraste con el renovado dinamismo de los flujos inmigratorios, una reflexión informada sobre esta importante faceta de la realidad social sigue en gran medida brillando por su ausencia.
En ese contexto, Fedea publica hoy un trabajo de Claudia Finotelli (UCM) y Sebastian Rinken (IESA-CSIC) en el que se analiza la evolución de la realidad migratoria española, su gestión y las percepciones por parte de la población. Los autores consideran que el debate público sobre este complejo hecho social debe apoyarse en el uso de información fidedigna sobre la evolución de la situación administrativa y ocupacional de la población inmigrada y sobre las apreciaciones de la ciudadanía.
El trabajo comienza trazando el perfil demográfico de la población inmigrante en España y su evolución. España se ha convertido en uno de los principales destinos migratorios europeos, por detrás tan sólo de Alemania, con un porcentaje de población nacida en el extranjero del 18,2%, similar al de países con una tradición migratoria más antigua como Alemania, Países Bajos o Suecia. La inmigración, además, explica casi totalmente el aumento de la población española de las últimas décadas. En cuanto al origen de estos flujos, destaca el peso de América Latina, una región tradicionalmente favorecida por las políticas de visado europeas y por una normativa española que da a los ciudadanos de estos países un acceso preferencial a la nacionalidad.
Los autores destacan también el creciente peso de la inmigración en el empleo. De los 5,2 millones de personas que se han incorporado al mercado laboral español entre 2002 y 2024, un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera. Se trata de una mano de obra relativamente joven que sigue empleándose principalmente en trabajos no cualificados y en servicios (de restauración, personales, de protección y en el comercio). Asimismo, se señala el aumento de la presencia femenina y su concentración en las franjas en edad de trabajar, si bien en este caso con diferencias por orígenes de los migrantes.
En el trabajo se analiza también la gestión política de la inmigración, destacando, en particular el enfoque pragmático que ha prevalecido cada vez más con el fin de responder a las demandas del mercado laboral. El primer boom migratorio, entre mediados de los años 90 y 2008, se afrontó sin instrumentos administrativos adecuados. En la actualidad se cuenta con herramientas administrativas más funcionales, establecidas sobre todo a raíz de las insistentes demandas del mundo empresarial. Con todo, el canal en principio preferible de entrada, con una autorización previa concedida a través de un proceso de contratación en origen, ha tenido un desarrollo limitado debido a las dificultades prácticas que plantea, dada la preferencia de las empresas por contratar a personas conocidas y las limitadas capacidades administrativas de las empresas y administraciones españolas. En principio, por tanto, la inmigración irregular ha continuado siendo la principal vía de entrada en el mercado laboral y el régimen migratorio español ha ido adaptándose progresivamente a esta realidad de una forma muy pragmática, estableciendo mecanismos que han facilitado la absorción ordenada de la mano de obra inmigrante, aunque se encuentre en principio en situación irregular, y su regularización en pocos años. Además de aprobar ocasionales regularizaciones masivas, se ha apostado por facilitar las regularizaciones individuales, permitiendo que aquellas personas que puedan demostrar algún tipo de arraigo en el país obtengan un permiso de residencia tras dos o tres años, un mecanismo que ha sido reforzado recientemente a través del Real Decreto 1155/2024. En la misma línea, se ha optado también por facilitar el empadronamiento de los inmigrantes sin permiso de residencia, dándoles así acceso a los principales servicios públicos y haciendo menos gravosa su situación inicial de irregularidad.
La sección cuarta del trabajo presenta una visión panorámica de las similitudes y diferencias del caso español con otros países europeos y de ultramar, principalmente Canadá y Estados Unidos. Todos ellos han evolucionado hacía modelos de inmigración híbridos que combinan instrumentos de contratación en origen orientados a las características individuales de los migrantes con instrumentos en destino orientados a la demanda del mercado laboral, aunque con diferencias importantes. Así, países como Alemania y Canadá buscan atraer migrantes muy cualificados o de cualificación intermedia a través del sistema de puntos o la Blue Card. En cambio, este tipo de inmigración es minoritaria en países como Italia y España, donde el mercado laboral demanda principalmente ocupaciones poco cualificadas. Un problema común a todos los países tiene que ver con la lentitud de los procesos de reconocimiento de las cualificaciones académicas y profesionales extranjeras
España e Italia han intentado combinar la contratación en origen con la lucha contra la inmigración irregular a través de la cooperación bilateral con terceros países, ofreciendo, en algunos casos, cuotas de trabajadores a los países dispuestos a cooperar en la prevención de la inmigración irregular. Sin embargo, tanto en Italia como en España este sistema de cuotas privilegiadas no ha funcionado bien, de modo que los esfuerzos se han centrado en formas de cooperación bilateral ligada al ofrecimiento de ayuda al desarrollo; así ha hecho el gobierno italiano con Libia y así se propone hacer España con Mauritania.
Finalmente, los autores esbozan algunas consideraciones sobre la visión de la inmigración por parte de la sociedad española, haciendo hincapié en las limitaciones metodológicas de los instrumentos existentes para medirla. En particular, los autores analizan el barómetro mensual del CIS y ponen de manifiesto que el ranking de problemas prioritarios para la población española contenido en el mismo, si bien orienta sobre la notoriedad relativa de la inmigración como problema social y político, no puede desempeñar una función informativa sobre las actitudes de la población hacia la inmigración por problemas de diseño. La configuración del cuestionario y de las preguntas incluidas distorsiona el resultado, como ocurrió en septiembre de 2024 cuando se señaló a la inmigración como el problema prioritario de España para pasar al octavo puesto solo dos meses después. Ello no es óbice para que sí se observe un movimiento más tendencial de repunte, en fechas recientes, de la percepción de la inmigración como problema político de máxima prioridad.
Apoyándose en las mejores fuentes disponibles (no siempre muy recientes), los autores concluyen que no existe una opinión social homogénea sobre la inmigración, sino una gran variedad de opiniones sobre distintos aspectos del fenómeno. En ocasiones, la proporción de posturas desfavorables o hasta muy desfavorables es elevada; es el caso, por ejemplo, de la valoración de las políticas migratorias (una mayoría considera que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son “más bien” o “demasiado” tolerantes), del balance fiscal (desfavorable para los intereses de los nativos, según la mayoría) o de la percepción (compartida por aproximadamente la mitad de los entrevistados) de que los inmigrantes reciben un trato privilegiado por parte del Gobierno, en perjuicio de los nacidos en España. Por otra parte, la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría. Quizás a raíz de ello, una mayoría es partidaria de que sigan admitiéndose inmigrantes de países pobres (siempre que no sea en cantidades exageradas) y la manifestación de antipatía hacia la población inmigrante es minoritaria (aunque con matices importantes dependiendo de su origen).
