El último informe de Contabilidad Nacional del INE atestigua que la partida presupuestaria destinada al respecto en el 2021 establece un récord histórico, cuando la masa salarial y los pagos por cotizaciones sociales de los funcionarios y el resto de personal estatal ascendieron a 147.363 millones de euros. Una tendencia que el tiempo confirma como alcista, impermeable a contextos económicos de especial particularidad y que vuelve a estar de especial relieve la cuestión de cómo equilibrar adecuadamente el incremento del coste de vida con los salarios. Más particularmente en el ámbito laboral público. Una situación marcada por una inflación sin parangón en los últimos 30 años, con los precios de la luz y la gasolina desbocados, el Índice de Precios al Consumo (IPC) llega ya al 9,8%.
Por tanto, con la última subida de los sueldos públicos del 0,9% que el Gobierno impulsó en 2021, se acerca ya a los 150.000 de partida presupuestaria. De hecho, el propio organismo apunta que se alcanzará dicha cifra en poco tiempo a tenor del aumento sufrido en tan solo un año, del 10%, y del general. Desde 2012 no para de crecer.
Desde la crisis financiera de 2008, con un gasto de 125.383 millones de euros, no se destinaba tal volumen a pagar salarios públicos, cuya relevancia es estructural en los Presupuestos Generales del Estado y se hacen públicos, mayoritariamente por motivos de transparencia, desde finales de los 90. En otras palabras, en este 2021 el Estado gasta un 17% más en pagar a sus trabajadores que en su anterior cifra histórica. Además, no puede relacionarse únicamente por el contexto económico de la pandemia y sus circunstancias excepcionales. Como se ha evidenciado, viene de más atrás. Desde esa crisis del 2008, la última de gran calado nacional antes de la llegada del Covid-19, no hay crisis para la subida de los sueldos en las negociaciones salariales anuales entre Gobierno, sindicatos y patronales.
Concretamente, desde 2011 y la congelación de las retribuciones públicas impuestas por el Gobierno Rajoy, crecen sin interrupción con la meta de recuperar la estructura salarial anterior a ese 2008. Por ello, los sindicatos plantean un acuerdo de aumento que no sea inferior al 3% interanual. En este 2022, los PGE recogen uno del 2%, lo que muchos consideran insuficiente ante el IPC actual y sus previsiones, cercanas a las dos cifras. Una problemática, la de la pérdida del poder adquisitivo, que está en primera línea de la actualidad diaria y que aboca a que continúen aumentando, poniendo entre la espada y la pared a las ya comprometidas arcas públicas.
El sector público, continúa siendo una de las tareas pendientes del Gobierno. Además, no solo crecen las remuneraciones. También el número de personal. La última reforma laboral obligará a limitar la contratación temporal usada con asiduidad en Administraciones como la sanidad y la educación. El gasto público, unido a pensiones y otras prestaciones, será mayor, y el riesgo de déficit estructural, creciente, lo que podría dañar el crecimiento económico. Los expertos, entre ellos la Comisión Europea, instan a controlar estrictamente el gasto público.
