Se trata de una situación insólita en la que, por primera vez, un diputado en activo se encuentra en la cárcel y no será hasta que el Supremo confirme su decisión que el Congreso le suspenderá sus derechos como diputado. Los magistrados deberán estudiar cada uno de los hechos que se le atribuyen porque la defensa del exministro los contesta todos.
