En efecto, el Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva al proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no al sector energético.
La tramitación parlamentaria ha concluido con la votación de las enmiendas que el Senado introdujo en el proyecto de ley, varias de las cuales han recibido vía libre del Congreso pese al voto en contra del Gobierno. Ahora sólo falta que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
La reforma fiscal es uno de los proyectos que más ha costado sacar adelante al Gobierno en esta legislatura, pues ha tenido que enfrentarse desde el primer momento a duras negociaciones a múltiples bandas con los grupos parlamentarios.
De hecho, la norma consiguió superar su trámite en el Congreso, pero renunciando a medidas que quería el Gobierno, como subir la fiscalidad al diésel, regular el régimen de las socimis o gravar a los coches, aviones y yates de lujo.
Y después de su paso por el Senado, la norma ha desembarcado en el Congreso y finalmente ha introducido medidas del PP a las que el Gobierno de coalición se oponía. Entre ellas, la norma finalmente incluye enmiendas para dejar exentas de IRPF y el impuesto de donaciones a las ayudas a los afectados por la DANA, así como un IVA del 0% para el cambio de vehículo y el arreglo de la casa y la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE.
De su lado, también se han aprobado las enmiendas de Junts en el Senado para rebajar el IVA al 4% de los productos derivados de la leche y para conceder bonificaciones en la cuota empresarial a entrenadores o monitores de clubes deportivos.
A su vez, el PP ha conseguido también derogar la base legal del gravamen energética con una enmienda en el Senado que en el Congreso han apoyado Vox, Junts y PNV.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma, de la que dependía un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, es una reconfiguración del gravamen a la banca. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.
El tributo tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Finalmente, no se han incluido enmiendas del PP para que lo recaudado con el impuesto se destine a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa.
Tampoco se ha aprobado en el Congreso las exenciones fiscales en el IRPF a jóvenes de 18 a 35 años durante cuatro años para que lo destinen a vivienda, formación, natalidad o emprendimiento. El PP estima que esta medida tiene un coste de unos 2.100 millones y un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros.
Lo que sí incluye la reforma son medidas para combatir la operativa de las ‘missing traders’, empresas que se dedican a la intermediación del negocio de carburantes y se apropian del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras. Esta situación facilita que vendan estos productos por debajo del precio de mercado, suponiendo una pérdida de ingresos para la Hacienda Pública.
Por otro lado, se introduce una mayor fiscalidad al tabaco y a los vapeadores, así como un IVA armonizado a nivel europeo a los arrendamientos de vivienda de corta duración y la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales.
Además, el PNV consiguió que se aprobaran enmiendas para que las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF sean aprobadas por las instituciones competentes del País Vasco, siempre que se cumplan los requisitos se entiendan enmarcadas en el Plan de Recuperación.
Por su parte, el proyecto de ley contempla medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma del Impuesto de Sociedades que ejecutó el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
Sin salir del Impuesto de Sociedades, este se ha reducido para las empresas con una facturación inferior a un millón de euros de manera que la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.
A su vez, se ha incrementado en dos puntos la tributación de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 30%.
También se ha aprobado una enmienda de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.
A esto se suma una nueva disposición, pactada entre el Gobierno y Junts, para bonificar las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. También se ha aprobado otra disposición sobre rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.
A su vez, la reforma incluye una modificación legal para que los fondos en la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) puedan aplicarse, manteniendo su régimen fiscal, a la rehabilitación de viviendas protegidas que estén destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
