Sin embargo, buena parte de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Trabajo siguen pendientes de aprobación o atrapadas en la negociación parlamentaria, generando incertidumbre para empresas y trabajadores.
Entre las medidas ya vigentes destaca la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros mensuales, con efectos retroactivos desde enero de 2026. La reforma obliga a actualizar salarios, cotizaciones y contratos, especialmente en las pymes con mayor número de empleados afectados.
En cambio, el registro horario digital continúa bloqueado. Aunque el Gobierno mantiene su apuesta por implantar un sistema exclusivamente digital, con acceso remoto para la Inspección de Trabajo y sanciones reforzadas, su aprobación se ha retrasado tras las objeciones planteadas por el Consejo de Estado.
También permanece paralizada la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La propuesta fue rechazada por el Congreso en 2025 y, pese al compromiso del Ejecutivo de recuperarla, sigue sin contar con una mayoría suficiente para salir adelante.
Otra de las reformas en marcha es el Estatuto del Becario, que pretende limitar el uso de prácticas como sustitución de empleo ordinario. El proyecto fija mayores obligaciones para las empresas, establece límites al número de becarios y refuerza sus derechos, aunque continúa en tramitación parlamentaria.
A ello se suman la anunciada ampliación de permisos retribuidos y la pendiente transposición de la directiva europea de transparencia salarial, cuyo plazo ya ha vencido, lo que ha abierto un procedimiento de infracción contra España.
En paralelo, continúa desplegándose el sistema de cotización por ingresos reales para autónomos y entra en la recta final la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en las empresas de mayor tamaño antes de diciembre.
Desde la consultora RSM consideran que el mercado laboral está avanzando hacia un modelo de mayor control, trazabilidad y exigencia documental. La tendencia ya no se centra únicamente en nuevas obligaciones laborales, sino en la capacidad de las empresas para demostrar de forma permanente su cumplimiento.
La firma también alerta sobre dos debates pendientes: el aumento del absentismo laboral, que sigue sin figurar entre las prioridades del Gobierno, y la posibilidad de endurecer las indemnizaciones por despido improcedente, una medida que, a su juicio, incrementaría la inseguridad jurídica y los costes empresariales.
A las puertas de septiembre, el balance deja una conclusión clara: abundan los proyectos y las promesas, pero buena parte de las reformas clave continúan sin resolverse.
