Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50 % con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).
Rápidamente, el ministro de Transportes, Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.
Renfe, por su parte, evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que defiende que son las más ventajosas del sector para los usuarios, y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores. Desde la operadora aseguran que la enmienda sólo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no a otras compañías como Ouigo e Iryo. «Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España», sostiene la operadora española.
A juicio de la operadora española, pedir estas compensaciones solo a una empresa, en un régimen de competencia en los servicios comerciales, es condenar a la compañía y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja. Renfe pide que se obligue a todos los operadores a indemnizar
Por ello, Transportes defiende que si se quiere regular «de forma seria» se debería obligar a todos los operadores tengan a devolver el dinero cuando haya retrasos de menos de 60 minutos, aunque «esto puede ocasionar una subida de precios para pagar las multas, que también se sepa».
En 2023 la antigua política de indemnizaciones por retrasos le costó a Renfe 42 millones de euros, que habrían quedado en 12,5 millones de haberse aplicado la actual, según cálculos facilitados a EFE por fuentes próximas a la compañía.
Las nuevas indemnizaciones de la compañía pública situaron el compromiso de puntualidad al mismo nivel que el resto de los competidores de alta velocidad (Ouigo e Iryo).
