Ambas cuestiones no son nuevas para la cúpula de la compañía, que lleva años anticipándose a un futuro que está cada vez más próximo y que tiene un eje central: la liberalización total del ferrocarril, ya vigente en mercancías y parte de la alta velocidad, pero que también afectará a los servicios de proximidad y media distancia a partir de 2027.
La solución diseñada por la directiva de Renfe para adaptarse a este nuevo contexto pasa por la segregación territorial de la compañía, buscando hacerla más competitiva ante los distintos procesos de concurrencia que se podrían abrir en las regiones en los próximos años. Estos cambios, confirmados por varios expertos del sector, no son fruto de la actualidad, sino que llevan años incluidos en el Plan Estratégico 2019-2023-2028 de la compañía, que aunque no se ha desvelado por completo, asume su transformación integral para dar respuesta al reto del nuevo mercado ferroviario. Todo parece encaminado para que la primera sociedad territorial que surgirá de las entrañas de la operadora será Rodalies de Catalunya.
Aunque todo lo relativo a esta nueva sociedad es, por ahora, una mera declaración de intenciones entre dos formaciones políticas, el pacto entre socialistas y republicanos hace mención al traspaso de los activos de Renfe: trenes, estaciones y personal necesario para la explotación del servicio. Tanto la posible segregación de la empresa como el futuro de los empleados son los dos motivos que han esgrimido los sindicatos para convocar cinco jornadas de huelga desde finales de noviembre.
Las negociaciones para la investidura también podrían dar lugar a una nueva sociedad de gestión compartida para el País Vasco, Aunque no se han detallado los términos de esta medida, las pretensiones de la formación conservadora pasan por la cesión de las redes de Cercanías de Bilbao y San Sebastián
En este ambiente, es necesario recordar que la normativa europea traspuesta a nivel nacional obliga a España a liberalizar todos los servicios subvencionados por el Estado, conocidos como Obligaciones de Servicio Público (OSP), y que abarca los trenes de Cercanías, Regionales y Media Distancia, tanto convencional como por alta velocidad. En la actualidad, Renfe es la encargada de prestar estos servicios en virtud de un contrato-programa firmado con el Ministerio de Transportes que le convirtió en operador de estos trenes hasta el 2027, momento en que el Estado podría activar una prórroga de otros cinco años. Pero en 2032, como muy tarde, el Estado deberá sacar a concurso todas estas rutas, que incluyen los grandes núcleos de Cercanías (como Madrid, Valencia o Barcelona), y como ya ha sucedido con la alta velocidad y las mercancías, podrán ser operadores privados los que presten estos servicios. Entre los interesados por los mismos estarán, como es de esperar, los gigantes SNCF (Francia) y Deutsche Bahn (Alemania), pero también operadoras privadas como Transdev Veolia o incluso la compañía española de autobuses Alsa, que esta misma semana ha mostrado su interés por entrar al mercado ferroviario junto a la firma andaluza Eco Rail.
A día de hoy, desde el Ministerio de Transportes asumen abiertamente que no hay nada decidido respecto a cómo se articulará este proceso de liberalización, de manera que será el próximo Gobierno el que tendrá que encargarse de diseñar el marco normativo y técnico necesario para cumplir con esta fórmula que, en cambio, lleva años aplicándose en Francia. Esta apertura del mercado es la que, por ejemplo, interesa a Renfe dentro de su estrategia de internacionalización, y que le ha permitido presentarse a concursos en el extranjero. También la que está obligando a la incumbente francesa SNCF a actualizarse a marchas forzadas, tras perder la gestión ferroviaria de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul en favor de Transdev Veolia.
La prueba de que este proceso está comenzando a arrancar en los despachos de la administración es el hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado esta misma semana un decreto según el cual establece un régimen de intercambiabilidad que obliga a Renfe Viajeros a liquidar los importes relativos a los billetes incluidos en los abonos Avant con otros operadores ferroviarios, aunque todavía nadie excepto ellos los opera.
Tras confirmarse el acuerdo de PSOE y ERC, los comités de empresa de Renfe y Adif han anunciado cinco jornadas de huelga en las que reclaman la paralización del proceso de segregación de la compañía, el traspaso de bienes a la nueva sociedad conjunta de Rodalies y la paralización del proceso de privatización de Renfe Mercancías. De este comité de empresa forman parte los dos sindicatos mayoritarios de clase, CCOO y UGT, pero también sectoriales como Semaf, que agrupa a la mayoría de maquinistas, o el Sindicato de Circulación Ferroviario, que concentra a los trabajadores de este área de Adif.
