Se trata de los casos de las empresas Nextera, 9REN y AES (asumido por el fondo Blasket) por los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, aunque ha reconocido el derecho del Gobierno a seguir pleitear.
Esta instancia judicial estaba revisando varios casos relacionados con la ejecución de laudos arbitrales obtenidos por empresas europeas contra el Reino de España, como los presentados por estas compañías. En un fallo emitido el pasado viernes, el tribunal concluye que el consentimiento de España al Tratado de la Carta de la Energía otorga a los tribunales federales jurisdicción para ejecutar aproximadamente 395 millones de dólares (unos 358 millones de euros) en laudos arbitrales emitidos contra el país.
De esta manera, los jueces estiman en su fallo que España pierde la inmunidad y señalan que al ratificar un convenio de arbitraje el país «renuncia implícitamente» a su inmunidad soberana frente a las demandas que pretendan hacer cumplir los laudos dictados en virtud de dicho convenio.
No obstante, en su fallo, los jueces del Tribunal de Apelaciones no se pronuncian sobre «la ejecutabilidad final» de estos laudos y subrayan que no toman ninguna posición sobre su aplicabilidad final. «Sólo sostenemos que los tribunales de distrito tienen jurisdicción para hacerlas cumplir según la excepción de arbitraje de la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras)», añade la sentencia.
Asimismo, los jueces sostienen que tiene jurisdicción bajo la excepción de arbitraje de la FSIA para confirmar estos laudos arbitrales contra España, pero que en instancias anteriores se abusó de su discreción «al prohibir a España» defenderse en los tribunales de los Países Bajos y Luxemburgo de las demandas de Nextera y 9REN.
No obstante, fuentes jurídicas han señalado que la sentencia del tribunal estadounidense «refuerza la postura de las empresas afectadas, rechazando la inmunidad soberana alegada por España y estableciendo la capacidad de los afectados por los impagos de registrar los laudos en suelo norteamericano y, de esta forma, reclamar su cumplimiento o invocar medidas compensatorias como la incautación y el embargo de bienes soberanos del Reino de España».
Asimismo, estimaron que estas apelaciones van más allá de estos casos, que se refieren solamente a tres de las más de una docena de laudos pendientes que ordenan a España pagar más de 1.500 millones de euros a inversores de la UE después de que el país retirara las primas a las energías renovables.
Estos inversores también han presentado litigios para hacer cumplir los laudos, muchos de los cuales han sido suspendidos mientras el tribunal estadounidense deliberaba.
