Según el calendario, el primer trámite que tiene que producirse es el de selección de los candidatos. Cada asamblea autonómica traslada una terna de nombres al Senado, después se evalúan en la Comisión de Nombramientos y, finalmente, se traslada una propuesta al Pleno.
Es decir, queda un largo trecho por recorrer. Previsiblemente, las conversaciones tendrían que iniciarse para comienzos del año próximo, cuando en España estará en marcha un nuevo ciclo electoral, con las elecciones autonómicas en Castilla y León y en Andalucía, que tendrán lugar en marzo y junio respectivamente, si es que no hay un adelanto de las generales que lo trastoque todo.
Con la cartelería electoral en las calles de dos regiones, con la legislatura enfilando su último año, con el Gobierno cercado por los escándalos de corrupción, el PP ve un clima poco favorable para un apretón de manos con Pedro Sánchez en una institución clave del Estado, sobre la que pesa a día de hoy la sombra de la politización, fruto de los dos últimos nombramientos acometidos por el Ejecutivo: Juan Carlos Campo, que con anterioridad fue ministro de Justicia y Laura Díez, alto cargo en el departamento de Presidencia.
Del lado de los populares, la responsable de llevar la interlocución con el Gobierno será Cuca Gamarra, flamante vicesecretaria de Regeneración Institucional. Moncloa, designará a Félix Bolaños. Antaño, los dos lograron alumbrar ni más ni menos que una reforma de la Constitución Española para suprimir la palabra «disminuidos» del artículo 49.
Desde entonces, las cosas han cambiado. El PP da por agotado el mandato de Pedro Sánchez y exige elecciones mañana, tarde y noche. Además, se ha inventado un verbo, «electoralizar», que define un estado de campaña permanente. Aun así, en las filas populares hay quienes no cierran la puerta del todo a la renovación. «Si quieres recuperar la institucionalidad, tienes que pactar», asegura un destacado diputado nacional. «Veo complicado el acuerdo en este momento», tercia un compañero de bancada. La clave será apostar por «perfiles de reconocido prestigio», y no «políticos», como los últimos que propuso el Consejo de Ministros, para indignación de Núñez Feijóo.
Los populares temen que para esta renovación los socialistas apuesten por personas como Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado. En ese caso, no habrá siquiera conversaciones. El último gran pacto de Estado entre el PP y el PSOE, para renovar el Poder Judicial, requirió de la mediación de la Comisión Europea. Después de más de un lustro de idas y venidas, las partes consiguieron desembridar un nuevo Consejo. No fue tarea fácil. Tampoco lo será ahora.
Una de las principales estrategias de Núñez Feijóo para la vuelta del verano será la actualización de su «Plan de Calidad Institucional», con el que antaño propuso desarrollar una agenda de regeneración democrática en profundidad, metiendo mano a los distintos estamentos de nuestro Estado. Entre otros, el Tribunal Constitucional.
En concreto, el líder popular proponía regular «los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados» y también «cambios» en su «procedimiento de elección o designación». Con la experiencia de Conde-Pumpido, al que los populares acusan de haber manchado la imagen del TC, el PP ya trabaja en el diseño de una propuesta de reforma más amplia para «sanear» la institución.
