El exresponsable de la zona sur de Acciona Construcción España -que fue cesado en sus funciones el pasado noviembre tras salpicarle un informe de la Unidad Central Operativa (UCO)- ha comparecido como investigado en relación a las supuestas irregularidades que investiga el magistrado Puente en adjudicaciones públicas adjudicadas a la constructora en unión de Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán. La defensa del investigado se ha quejado de la falta de indicios de que García Alconchel hubiera tenido «contacto alguno con cualquier autoridad o funcionario público» de quien dependa adjudicación alguna, y ha calificado de «inaceptable» que se le impute una suerte de «responsabilidad por el cargo». Además, ha insistido en que está siendo sometido a un tratamiento médico periódico, lo que contribuye a descartar el riesgo de fuga.
Sin embargo, el instructor -que aprecia riesgo de fuga y ve la medida proporcionada- descarta en la resolución en la que impone las citadas medidas cautelares que se le atribuya responsabilidad alguna solo por razón de su cargo. Y en este sentido recuerda que en relación con la reforma del Puente del Centenario en Sevilla, firmó con Servinabar en nombre de Acciona «un memorándum de entendimiento» por el que la constructora abonaría a la empresa vinculada a Cerdán «un 2% del importe total de la adjudicación».
Las socialistas señalan a «dos hombres» más a punto de caer
También por su intermediación, añade, Acciona Construcción «habría procedido a contar en la ejecución de la mencionada obra con un solo trabajador» de Servinabar, «precisamente» Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022. Respecto a Muñoz Cano, el juez precisa que fue el propio García Alconchel «quien dispuso lo necesario para su traslado, habida cuenta de que este carecía, incluso, de medios propios para desplazarse por sí mismo hasta el lugar de la obra».
Asimismo, añade, solo dos días antes de que Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán se desplazaran a Marruecos, en enero de 2019, el investigado, actuando nuevamente en nombre de Acciona Construcción, «habría suscrito un contrato más» con Servinabar ante una «oportunidad de negocio para la construcción de un puerto» en Kenitra, «en condiciones en todo muy semejantes a los confeccionados entre ambas empresas con relación a la ejecución de otras obras públicas que, por el procedimiento dicho, habrían conseguido les fueran adjudicadas en España».
Fuentes jurídicas señalan que el investigado ha asegurado no conocer a Cerdán y que ha explicado que ese memorándum que se trataba de una declaración de intenciones para el caso de que el proyecto saliese adelante. Y en todo caso, afirman, ha matizado que este tipo de documentos, en los que era «normal» fijar un porcentaje del 2% por los trabajos que asumía en este caso Servinabar, tenía una vigencia de dos años. Haciendo hincapié en que el proyecto del puente del Centenario se llevó a cabo más de dos años y medio después de firmar ese documento.
Al mismo tiempo, apuntan esas mismas fuente, García Alconchel ha puesto de manifiesto que cuando el firmó ese memorándum Servinabar ya trabajaba con Acciona, por lo que él no tenía que llevar a cabo comprobación alguna sobre la solvencia profesional de la empresa.
García Alconchel estaba citado a declarar el pasado día 3 junto a los también exdirectivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini, anterior responsable de Acciona Construcción España, y Tomás Olarte, antiguo jefe de zona, pero finalmente su comparecencia se aplazó por problemas de agenda de su defensa. En esa cita judicial, Pelegrini admitió haberse reunido con Santos Cerdán en compañía de Antxon Alonso, dueño de Servinabar, pero enmarcó la presencia del exdiputado socialista en el deseo de la compañía de pulsar la opinión de los agentes sociales ante proyectos de envergadura como el de la Mina Muga, en Navarra, aunque no explicó por qué esas reuniones no se extendieron a otros políticos de la comunidad foral.
Pelegrini defendió que los pagos a Servinabar se correspondían con trabajos efectivamente realizados, relacionados con la prevención de riesgos laborales. Además tanto él como Olarte señalaron que esa comisión del 2% entraba dentro de la normalidad en el sector por ese tipo de trabajos y precisaron que, en todo caso, se trataba de un tope máximo que no se superaba salvo que el precio de la obra se disparase.
Según un informe de la UCO del pasado junio, Acciona habría pagado en comisiones a los investigados 620.000 euros (aunque Koldo alude en algunos mensajes incautados a otros 450.000 euros pendientes), algo que Acciona niega. En la diana de la Guardia Civil se encuentran una adjudicación de Adif en El Mayor (Murcia), por 158 millones de euros, y otra de 121 millones por un proyecto de alta velocidad entre Murcia y Almería, además de varias licitaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat por más de 245 millones de euros.
