Tras abogar por «perseguir el fraude» como una de las medidas que ayudarían a mejorar el acceso a la vivienda, Rodríguez ha señalado que Andalucía «es la comunidad autónoma donde hemos detectado más pisos turísticos ilegales, 20.000» y seguidamente le ha recriminado al Gobierno andaluz que su respuesta ante la iniciativa del Estado es que «se ha ido a recurrirlo al Tribunal Supremo, al Contencioso-Administrativo, a pleitar con nosotros». «Cosas que hay que cambiar después de cambiar a Moreno Bonilla», ha afirmado la ministra de Vivienda en su recetario de tres medidas que ha lanzado para facilitar el acceso de una vivienda. «En lugar de estar contratando inspectores para que esas viviendas pasen a los jóvenes andaluces», ha continuado argumentado la ministra durante su participación en Dos Hermanas (Sevilla) en un foro organizado por el PSOE de Andalucía titulado ‘Con Acento: Foro sobre el derecho a la Vivienda’,
Después de ironizar la ministra sobre el hecho de si el Gobierno andaluz ha ejercido las competencias inspectoras que figuran en su Estatuto de Autonomía o «ha ido corriendo a decirle al Gobierno dónde están, que voy a clausurarlos», ha instado al Gobierno andaluz a que «no pierdan el tiempo» por cuanto se ha reafirmado en que «son alojamientos turísticos ilegales que tienen que ser para las familias y los jóvenes andaluces».
«Qué tiene que cambiar en Andalucía», se ha preguntado de forma retórica la ministra, para concluir que «tiene que cambiar su gobierno», convencida de que «no tiene la mínima intención de abordar la crisis de la vivienda», según recoge Europa Press. La titular de Vivienda ha instado a «proteger el parque público, perseguir ese fraude y de manera urgente congelar los alquileres» para así «garantizar el derecho de acceso a la vivienda con todos los instrumentos». Además de perseguir el fraude las otras dos iniciativas por las que ha abogado la ministra de Vivienda es, en primer lugar, «preservar ese parque público de vivienda» después de advertir de que con éstas «hay quien hace caja», de manera que hay que controlar una práctica donde «si un piso nos costó 180.000 euros, mañana lo queremos vender por 600.000».
«Vivienda protegida, pública para siempre», ha afirmado Isabel Rodríguez, que lo ha presentado como «el mensaje del Gobierno de España a Moreno Bonilla», antes de recordar el caso de Sevilla capital con la venta de viviendas protegidas por 350.000 euros, que, con el actual nivel de protección de la Junta, «en siete años, que es la normativa actual en Andalucía, puedan venderse a 600.000 euros». «Ya sabemos que Moreno no lo ha hecho y no lo quiere hacer», ha afirmado la ministra sobre la protección de la vivienda pública por parte de la Junta de Andalucía.
La segunda medida por la que ha abogado la ministra es congelar los alquileres tras poner de manifiesto que «250.000 andaluces viven hoy de alquiler», antes de advertir de un posible escenario donde el Gobierno lograría «congelar todos los alquileres en Andalucía» mientras que la reacción de la Junta de Andalucía sería que «no lo hacen porque no quieren».
Rodríguez ha expresado su deseo de que «sea Andalucía de nuevo la que levante esa bandera» de la apuesta por la vivienda pública, al tiempo que ha remarcado el argumento de que sería «la decisión que tienen que tomar los andaluces», en tanto que «si quieren seguir en el territorio de la especulación o en el territorio del derecho». «Andalucía le pega más el territorio de los derechos», ha proclamado la ministra, mientras ha recriminado al Gobierno andaluz que «está abriendo las puertas a que se compren nuestros barrios y manzanas enteras», por lo que ha instado a los andaluces a «levantarse por el derecho a la vivienda».
Rodríguez ha señalado a los socialistas andaluces que «os he puesto tres tareas» y se ha mostrado convencida de que el PSOE de Andalucía «con una líder como María Jesús (Montero) está en condiciones de llevarlas a cabo en el primer año de gobierno».
