En efecto, el «derecho al error» ha vuelto a la actualidad política a través de las críticas del presidente del Gobierno, a la denominada «cláusula Quirón», propuesta por el líder del PP, en la Ponencia Política del Congreso del partido celebrado el pasado fin de semana, con la que busca evitar sanciones desproporcionadas a pequeños contribuyentes que cometan errores tributarios sin trascendencia y bajo importe en sus liquidaciones tributarias. Un cambio legal que ha sido defendido incluso por el propio Ministerio de Hacienda, tanto por parte de sus altos cargos, como por los técnicos y el comité de sabios.
Pero para Sánchez este derecho al error no es más que una «autoamnistía» para «salvar» a González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, de sus causas abiertas por presuntos delitos fiscales. Lo ha dicho en el pleno extraordinario del Congreso y en el que el presidente ha presentado una batería de medidas contra la corrupción y ha intervenido para rendir cuentas tras los casos de corrupción que cercan al Gobierno tras el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de ser el presunto eje de la ‘trama Koldo’.
El presidente ha decidido enturbiar y embarrar el intercambio de golpes con el líder de la oposición con una crítica desorbitada a la propuesta de la página 34 de la Ponencia Política bajo el epígrafe ‘Gastar bien y aliviar la carga fiscal’, en la que los ‘populares’ plantean la incorporación del «‘derecho al error’ en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los fallos que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente». Pero para Sánchez, la traducción «al cristiano» de este punto no ha sido otra que «introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso», investigado por haber defraudado al fisco. «¡Es impresionante, el descaro es total, y luego hablan de autoamnistías! ¡Pero qué despropósito, qué descaro, qué desvergüenza y qué ley del embudo! Subir aquí a decir que si gobiernan, van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso», ha clamado.
Pero la realidad es que esa cláusula propuesta por el PP no se dirige a salvaguardar a contribuyentes como González Amado, que tiene unas cantidades de gran trascendencia implicadas en su caso, sino para aquellos que tienen discrepancias sin gran trascendencia en sus liquidaciones tributarias. Un cambio legal que ha sido defendido abiertamente desde el Ministerio que dirige Montero, incluidos el secretario de Estado, Gascón, número dos de la vicepresidenta Montero, y la directora general de la Agencia Tributaria, Fernández, que se han mostrado favorables a tener en cuenta el historial de los contribuyentes para reducir la sanción en caso de pequeños incumplimientos involuntarios. «No es lo mismo cometer un error de manera aislada que hacerlo de forma recurrente», llegó a defender el propio Gascón en una de sus comparecencias.
Juan Bravo, responsable económico del PP, ha recogido el guante de la alusión de Sánchez y ha dicho que «la propia Hacienda ha hecho una propuesta para introducir el derecho al error». El diputado hace referencia a una iniciativa del Consejo para la Defensa del Contribuyente, órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, tal como se recoge en el Libro Blanco Sobre la Reforma Tributaria, firmado por un comité de sabios. Además, el dirigente del PP ha mencionado que los tribunales también avalan esta figura y que ya en 2022 el propio Gobierno de Pedro Sánchez quiso introducir esta medida.
