La demanda de arbitraje, que se presentó en junio de 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) –dependiente del Banco Mundial–, se encontraba estancada desde noviembre de 2022. En dichas fechas, ambas partes del conflicto ya habían designado sus respectivos árbitros, pero no habían llegado a un acuerdo para nombrar a el tercer experto necesario para constituir el tribunal.
Marina d’Or, asesorado por el despacho B. Cremades & Asociados, eligió como miembro del tribunal al suizo-peruano Fernando Piérola Castro. Por su parte, Marruecos, defendido por Allen & Overy, nombró al italiano Attila Tanzi. El pacto para designar el último árbitro llegó finalmente el pasado mes de julio y la experta escogida ha sido la secretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), Riofrio Piché, de nacionalidad canadiense-ecuatoriana. Entre los casos en los que los tres árbitros han aportado su conocimiento se encuentran algunos procesos en los que se ha visto involucrado el Gobierno español por el recorte de las primas a las renovables.
Según las normas del Ciadi, a partir de dicho momento, se pone en marcha el reloj para celebrar, en un plazo máximo de 60 días, la primera sesión del arbitraje. Precisamente, esta jornada tuvo lugar hace dos días, según informaron fuentes jurídicas a CincoDías, que apuntaron que Riofrio Piché será la presidenta del tribunal, que ahora debe emitir una orden procesal para fijar las normas del procedimiento, como es el idioma, lugar de discusión y calendario procesal.
Tras años de conversaciones con el Gobierno de Marruecos sin éxito, Marina d’Or inició el arbitraje para intentar recuperar las pérdidas ocasionadas en los dos proyectos inmobiliarios, cuyo objetivo era descongestionar los núcleos urbanos superpoblados con la creación de “Nueva Ciudad de Tamesna”, a 25 kilómetros de Rabat, y “La Perla de Tánger”, en la población que le da nombre.
Comervi firmó el contrato con Marruecos en 2004 para llevar a cabo el megaproyecto urbanístico, si bien, según afirmaron los demandantes en un comunicado, la inversión no tuvo la rentabilidad esperada debido a la “inacción” del Ejecutivo marroquí. El compromiso adquirido fijaba que el Estado dotaría de todos los equipamientos e infraestructuras para hacer viable el proyecto. Según Comervi, esto no se cumplió, pues “Nueva Ciudad de Tamesna” ha quedado reducido a unos cuantos edificios aislados, sin servicios básicos, como el de recogida de basuras, y rodeados de mercadillos ilegales. En este proyecto estaba previsto la construcción de 7.000 viviendas, un centro comercial, un hotel de tres estrellas y 30.000 metros cuadrados de jardines.
En cuanto a “La Perla de Tánger”, concebida para su venta a terceros, financiándose la construcción mediante la venta de los nuevos inmuebles a los nuevos residentes, sufrió un bloqueo administrativo durante la ejecución de las obras, derivado de conflictos internos entre las autoridades marroquíes. Así lo reconoció el propio Tribunal de Cuentas marroquí en su informe especial de 2014. Por todo ello, ha sido imposible el levantamiento de más de 600 viviendas, dos edificios de oficinas, un centro comercial, un hotel de cinco estrellas y otro de cuatro.
