Moncloa ha dado luz verde a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales conceda a Talgo un préstamo convertible por un importe que rondaría los 120 millones de euros, destinado a cubrir la multa de 116 millones que Renfe impuso a su proveedor por los retrasos en las entregas de 30 trenes Avril. Preguntado al respecto, un portavoz de SEPI ha declinado comentar esta información.
Esta inyección de fondos allana el camino para que la siderúrgica Sidenor, el Gobierno Vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital cierren la compra del 29,77% del accionariado del fabricante ferroviario en manos del fondo Trilantic a cambio de 153 millones de euros, una operación que se encuentra en plena prórroga tras expirar el plazo inicial el pasado 15 de mayo. El acuerdo con Renfe contempla además un aplazamiento del pago de la sanción, que contará con seis años de carencia, de modo que no se empezará a abonar hasta el año 2031, y los pagos se extenderán durante los siete años siguientes. Según adelantó El Confidencial, la operadora pública ofreció convertir la penalización en un tipo de deuda a largo plazo, con un periodo de carencia y la obligación para Talgo de abonar intereses sobre esa cantidad.
El lehendakari, Pradales, se mostró confiado la semana pasada en que la operación se cierre a lo largo del mes de junio, tras manifestar su tranquilidad al respecto y esgrimir las demoras debido a la complejidad del proceso. Dos semanas antes fue su consejero de Industria, Mikel Jauregi, quien confió en que la solución financiera llegase a finales de mayo, como ha sucedido.
El préstamo convertible de la SEPI se perfila así como la herramienta clave para asegurar la entrada del consorcio vasco. Esta jugada cuenta con el respaldo del Gobierno, que ha defendido en reiteradas ocasiones la «españolidad» de Talgo al apoyar la entrada de Sidenor y rechazar otros candidatos como la polaca Pesa, la húngara Magyar Vagon o la india Jupiter Vagon.
