No ocurrirá lo mismo, sin embargo, con el salario mínimo, que se mantendrá congelado mientras no se forme un nuevo Ejecutivo. Incluso es más que probable que, en plena crisis de precios, los trabajadores más vulnerables del mercado laboral, los que menos ganan, vean retrasado cualquier incremento en sus ingresos durante varios meses, a la espera de poder negociar esta medida con los sindicatos y la patronal.
También está en el aire la subida salarial de los funcionarios en enero, pese a haber un pacto con los sindicatos que recoge un alza del 2% para 2024. Los más de tres millones de empleados públicos tendrán que esperar a ver si el Gobierno en funciones decide aprobar el incremento acordado o, por el contrario, retrasa su aplicación hasta operar con toda normalidad y a que vean la luz unas nuevas cuentas.
Las pensiones, sin embargo, están blindadas ya por ley, pase lo que pase, tanto en la política como en la economía, gracias a la reforma diseñada por Escrivá, que vinculó su revalorización a la inflación para garantizar el poder adquisitivo de los mayores. Desde 2022, por tanto, la subida de las más de diez millones de prestaciones públicas no es objeto de discusión y se elevan automáticamente en enero con el dato de la inflación media que se haya registrado de diciembre del año anterior a noviembre.
