El Tribunal Constitucional celebrará desde el martes un Pleno donde comenzará el estudio de fondo de la ley de amnistía, en base al borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para responder al recurso presentado por el PP, que avala lo esencial de la norma jurídica al considerar que todo lo que la Carta Magna no prohíbe tiene cabida en la misma.
Así consta en el orden del día del Pleno, donde la ponencia de Montalbán se incluye en un apartado denominado «asuntos para estudio inicial». Fuentes de la corte de garantías indican a Europa Press que la magistrada se limitará a explicar su propuesta a los demás magistrados, sin que se produzca deliberación alguna.
La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.
Resuelve así que «el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución», avisando de que, «de otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional».
Respecto a la verdadera motivación de la amnistía, que el PP achacaba a «una transacción política para asegurar la investidura a la Presidencia del Gobierno», Montalbán subraya que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». Según la magistrada, el TC solo debe hacer «un control meramente externo» de que se dan las «circunstancias extraordinarias» que, según la doctrina constitucional, habilitan a conceder una amnistía, «sin reexaminar el juicio político subyacente». Tras ese análisis, concluye que la ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».
Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la «asimetría» para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al ‘procés’; que la ley incluya «una habilitación insólita» para continuar con las «actividades criminales en el futuro»; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.
Del escrito redactado por Montalbán, destaca que no habla del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que no alude a ello porque el PP no lo pidió expresamente. Por tanto, lo más probable es que haya que esperar a los recursos de amparo de los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo. Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el ‘procés’ es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al ex presidente catalán Puigdemont y al que fuera su ‘número dos’, Junqueras.
El Supremo entiende que la malversación del ‘procés’ recae en una de las excepciones que contempla la propia ley para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. En este sentido, ha incidido auto tras auto en que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista.
El alto tribunal también sostiene que el ‘procés’ encaja en una segunda salvedad incluida en la norma jurídica: la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE. Según su razonamiento, el objetivo que perseguían con el 1-O –una Cataluña independiente– habría mermado los ingresos comunitarios. Así las cosas, en el Supremo aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía –considerando que cabe exceptuar su aplicación a los líderes del ‘procés’–, no de su constitucionalidad.
En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Comín y Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el ‘procés’, que llegan hasta 2031.
En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el Supremo ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cuando llegara el momento oportuno.
Las deliberaciones comenzarán en el siguiente Pleno, que arrancará el 24 de junio y que se espera que acabe sentenciando. En el marco del debate, se responderá a las peticiones pendientes del PP, el Senado y los magistrados conservadores Arnaldo, Tolosa y Espejel, que instan a la corte de garantías a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el TJUE resuelva las cuestiones planteadas o a que el propio TC formule una.
A ello se suman otras dos peticiones, una del PP para que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se abstenga de los asuntos relacionados con la amnistía porque su mujer formó parte del CGPJ que informó sobre la ley, razón por la que el TC ha apartado al magistrado conservador Macias; y otra de Arnaldo solicitando que las deliberaciones se alarguen el tiempo que sea necesario, incluso habilitando los plenos de julio.
Fuentes de la mayoría progresista del TC creen que se trata de «maniobras dilatorias» sin recorrido jurídico, anticipando así que el Pleno descartará la ristra de peticiones para despejar el camino hacia la sentencia. Desde la minoría conservadora asumen igualmente que sus compañeros impondrán su superioridad numérica –de 6 a 4– y todas estas peticiones serán rechazadas para dar luz verde a la ponencia de Montalbán sin cambios sustanciales.
Cabe recordar que, además de Macías, que fue apartado en base a las recusaciones lanzadas por la Fiscalía, tampoco participará el magistrado progresista Juan Carlos Campos, que se abstuvo desde un principio porque cuando era ministro de Justicia dijo en el informe para indultar a los condenados por el ‘procés’ que la amnistía era «claramente inconstitucional».
Desde la sede de Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada esta primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a esta norma jurídica hasta la vuelta del verano. Previsiblemente, continuará con los demás recursos –los presentados por las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page– para seguir con las cuestiones –formuladas por el TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid– y rematará con los recursos de amparo de los líderes del ‘procés’.
Aunque el TC deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación –alrededor de una treintena– para darles respuesta, tendrá como guía esta primera sentencia porque los de Alberto Núñez Feijóo atacaron la ley de amnistía al completo. Las fuentes consultadas calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a esta norma jurídica hasta el próximo año.
