En una resolución adoptada, este mismo martes, por el Pleno de la Corte, han quedado inadmitidas a trámite las tres impugnaciones interpuestos Delgado contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que fueron dictadas en mayo y junio de 2024, respectivamente, para dejar sin efecto su elección como titular de la vacante especialista en la materia que fue creada ad hoc para ella.
La anulación del Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, de nombramiento de la demandante en amparo se produjo en virtud de tres sentencias del Tribunal Supremo, que tenían por objeto tres recursos contencioso-administrativos de diferentes sujetos (la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y un particular, L.I.C). Dicha nulidad fue, posteriormente, subsanada por el propio Álvaro García Ortiz que convocó al Consejo Fiscal, de nuevo, para reeditar su decisión que fue confirmada por el Gobierno.
Aunque varios vocales del órgano consultivo, los elegidos de entre las dos asociaciones que pleitearon contra la maniobra de García Ortiz, se negaron a votar la propuesta, el Supremo entendió que el cónclave se había configurado correctamente y computó su no votación como una abstención que permitió al fiscal general repetir la jugada, esta vez, de manera válida.
