La Mesa del Senado, cámara donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó el 21 de noviembre de 2023 la tramitación de esta norma, acuerdo que ratificó el 18 de enero de 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió al Constitucional el rechazo de la Mesa a la disconformidad del Ejecutivo con la tramitación de la norma. El recurso argumentaba, entre otras cuestiones, que la ley es contraria al artículo 134.6 de la Constitución que estipula que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».
Según el Ejecutivo, la Administración dejará de recaudar 2.800 millones de euros al año por la eliminación de este tributo que grava las herencias y las transmisiones de bienes y derechos. Cabe recordar que este impuesto es de carácter autonómico y son las CCAA las que lo gestionan y también recaudan.
De hecho, la proposición de ley del PP persigue que, una vez eliminado el impuesto, el Estado compense a las autonomías por lo dejado de ingresar.
El partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo defiende que este impuesto obliga a muchas personas a rechazar una herencia ante la incapacidad de hacer frente al coste fiscal que le supone. La intención del Ministerio de Hacienda, sin embargo, camina por el lado contrario ya que busca armonizar el impuesto de Sucesiones y Donaciones para que los ciudadanos paguen lo mismo independientemente de la CCAA en la que residan.
Muchos gobiernos regionales tienen bonificado este impuesto para que las herencias y donaciones entre familiares más cercanos, como entre padres, hijos o abuelos, estén prácticamente exentas.
